RIO DE JANEIRO, 9 abr (Xinhua) -- Brasil y Perú son los países más afectados por el "Lava Jato" (autolavado), operación que investiga la red transnacional de corruptelas y que amenaza a varios gobernantes y ex dirigentes latinoamericanos, afirmó el analista brasileño, Leo Sakamoto.
"Brasil y Perú se han convertido en los países más afectados del caso 'Lava Jato'. Las investigaciones siguen en marcha y puede haber muchas novedades y más afectados todavía, y no me sorprendería que cayeran otros dirigentes latinoamericanos", agregó el periodista y politólogo.
"Para Brasil, Perú tiene una localización estratégica; es el camino más corto para llegar al océano Pacífico. Con la narrativa de abrir una ruta para las exportaciones y para el desarrollo de los dos países, apareció el mayor escándalo en esta historia, provocado por la constructora Odebrecht", aseguró Sakamoto en entrevista con Xinhua.
La detención este último sábado del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su encarcelamiento para cumplir 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso "Lava Jato", ha conmocionado a parte de Brasil y ha dado la vuelta al mundo, aunque no se trata del primer ex líder del continente preso.
El ex presidente peruano, Ollanta Humala, está encarcelado a la espera de juicio, mientras que el también ex mandatario peruano, Alejandro Toledo, huyó a Estados Unidos para evitar ser preso, ambos dentro del caso "Lava Jato".
Las investigaciones de la gran red corrupta derivaron además en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú el pasado 21 de marzo, acusado de beneficiarse a través de una de sus empresas de consultoría de 782.000 dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en el escándalo de corrupción.
El caso también salpica a otros ex mandatarios, como el ex presidente panameño, Ricardo Martinelli, y el salvadoreño, Mauricio Funes.
En Brasil, el presidente Michel Temer se salvó dos veces en el Congreso, el año pasado, de ser apartado del cargo para ser investigado a raíz del caso.
"Odebrecht dice que para construir tramos de la carretera interoceánica, entre el litoral peruano y la frontera con Brasil, pagó 20 millones de sobornos a Alejandro Toledo, que tuvo la prisión decretada y huyó", señaló el analista.
"Su sucesor, (el ex presidente peruano) Alan García está siendo investigado por financiación irregular, y las obras del metro de Lima, iniciadas bajo su gestión, están suspendidas", abundó.
"Luego aparece Ollanta Humala, que habría recibido tres millones de dólares no declarados para su campaña electoral de Odebrecht", comentó el experto brasileño.
Las investigaciones del mayor esquema de corrupción transnacional descubierto hasta ahora empezaron en marzo de 2014, en una gasolinera en las afueras de Brasilia que contaba con un servicio de lavado de autos ("Lava Jato", en portugués).
Investigadores de la Policía Federal de Brasil descubrieron la red de lavado de dinero que implica a diversos políticos, pero la verdadera dimensión de la operación, que cumple ahora cuatro años, salió a la luz pública en los meses posteriores, para sacudir en un primer momento a la política brasileña y, posteriormente, a otras naciones.
La operación, que comenzó con la investigación de una trama corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, se extendió a varios países de América Latina e incluso Africa y Europa, siempre a través de los contratos firmados por multinacionales brasileñas, principalmente la constructora Odebrecht, con gobiernos locales.
El esquema fue siempre el mismo: el pago de sobornos a cambio de obtener obras cuyo precio era sobrefacturado.
El grupo Odebrecht admitió haber pagado más de 788 millones de dólares en 10 países latinoamericanos desde 2001.
"Este es el momento en que el periodismo en Latinoamérica, no sólo en Brasil, debe ser más activo para poder llegar a los presidentes y a las figuras del sector privado", explicó Sakamoto.
En Brasil, Lula es la víctima más famosa del caso, que salpica a ministros, gobernadores, diputados federales y senadores.
En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado hace cuatro meses a seis años de prisión, acusado de recibir 13,5 millones de dólares en sobornos para conceder contratos a Odebrecht cuando se desempeñaba como ministro.
En otros países, el ritmo de las investigaciones o de la justicia es más lento.
En Argentina, la justicia investiga el pago de sobornos por 35 millones de dólares que llegaron presuntamente a funcionarios del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández.
Aunque se abrieron los procesos judiciales, todavía no se ha acusado formalmente a personalidades políticas.
En México, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 10,5 millones de dólares de 2010 a 2014, se critica que nadie haya caído todavía por el caso.
El único efecto del escándalo ha sido hasta ahora la inhabilitación de una filial de Odebrecht por seis años en ese país.
"Creo que los efectos en la lucha contra la corrupción aparecerán a largo plazo, porque pese a la fuerza que tiene la 'Lava Jato' y que las investigaciones en Brasil y en otros países parece que empiezan a dar resultados, falta una segunda parte que es la más importante, que es la de promover reformas estructurales en el sistema para evitar que ocurra de nuevo", agregó Sakamoto.