Rosa Weber presidirá Tribunal Electoral en Brasil

Actualizado a las 15/08/2018 - 08:54

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BRASILIA, 14 ago (Xinhua) -- La jueza Rosa Weber asumirá hoy martes por la noche el cargo de presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, en sesión solemne del pleno, cuando faltan menos de dos meses para la primera vuelta de las elecciones generales, informó la instancia.

Weber será la segunda mujer en presidir el TSE en más de 70 años desde que fue creado, después de Carmen Lúcia, quien ocupó el cargo en 2012 y actualmente es la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF).

Actualmente, Weber ocupa la vicepresidencia del TSE y sucederá en la presidencia de la instancia a Luiz Fux, quien concluyó un período máximo de dos años en el cargo.

Como vicepresidente del TSE asumirá el juez Luís Roberto Barroso, del STF, mientras que como corregidor general lo hará Jorge Mussi, del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El TSE está formado por varios jueces, de los cuales tres son del STF, uno el presidente de la Corte, dos del STJ y dos juristas que representan a los abogados, nombrados por el presidente de la República.

Al TSE corresponde, además de organizar los comicios, recibir los registros de los candidatos a la presidencia de la República y los recursos que involucra.

Rosa Weber, de 69 años, nació en Porto Alegre e hizo carrera como magistrada de Justicia del Trabajo en Río Grande do Sul.

En su primer día al frente del TSE, le tocará recibir mañana miércoles el registro del candidato postulado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para las elecciones de octubre venidero.

El registro de la candidatura presidencial de Lula da Silva estará acompañado de una manifestación en solidaridad que se congregará frente a la sede del TSE.

Lula cumple una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, por lo que el TSE deberá determinar en un plazo no previsto si el caso se inscribe en la Ley de la Ficha Limpia, que impide la postulación de sentenciados en segunda instancia.