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Ficalía brasileña se opone a que Corte Suprema conceda la libertad al expresidente Lula

RÍO DE JANEIRO, 21 jun (Xinhua) -- La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, se declaró hoy contraria al pedido de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) para anular la sentencia que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir una apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores.

La defensa de Lula pidió la anulación de todo el proceso después de divulgarse a la prensa varias conversaciones que el juez que lo condenó, Sergio Moro, actual ministro de Justicia, tuvo con los fiscales del caso, en las que considera a Lula culpable antes incluso de la sentencia.

Las conversaciones de Moro y el equipo de fiscales de la Operación Lava Jato fueron divulgado por el portal 'The Intercept Brasil' y han sacudido la política brasileña. Para Dodge, es necesario confirmar antes la autenticidad de los diálogos revelados, y recordó que la forma cómo se obtuvieron todas las conversaciones fue ilegal.

"El material publicado por The Intercept Brasil al que se refiere la petición hecha por la defensa, todavía no fue presentado a las autoridades púbicas para que su integridad sea contrapuesta", aseguró Dodge.

"Tampoco fue debidamente contrapuesto si los referidos mensajes fueron corrompidos, adulterados o si son en su integridad, de los citados interlocutores", afirmó la fiscal.

"Para Dodge, "la Fiscalía General de Brasil manifiesta preocupación con la circunstancia con la que los supuestos mensajes divulgados por The Intecept fueron obtenidas de manera criminal, y que hieren la garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones, a caracterizar un grave atentado a las autoridades constituidas brasileñas".

La defensa de Lula pidió el pasado 13 de junio a la Corte Suprema la libertad del exmandatario por "los graves hechos que antecedieron a los reportajes" de The Intercept, en alusión a varias decisiones adoptadas por el entonces juez Moro que tuvieron "como objetivo rotular Lula como culpado antes de su juicio".

La Corte Suprema debe analizar ahora el pedido de la defensa del exmandatario, y para ello requirió la posición de la Fiscalía general, que hoy se posicionó en contra de que Lula recupere la libertad.

El exmandatario se encuentra preso desde abril del año pasado tras ser condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla desde el poder.