BEIJING, 10 sep (Xinhua) -- El gobierno chino ha seguido adelante con las reformas de la gestión mediante la eliminación o descentralización de los derechos administrativos de aprobación en un esfuerzo para mejorar la eficiencia y frenar la corrupción.
Li Zhangze, portavoz del grupo que encabeza las reformas del Consejo de Estado, el gabinete del país, dijo que un total de 632 artículos de aprobación administrativos fueron descartados o bien relegados a niveles inferiores del gobierno en el último año.
"A través de estos esfuerzos, el gobierno ha logrado importantes avances en la simplificación de los procedimientos administrativos y traído cambios a la gestión", señaló Li en una conferencia de prensa celebrada en Beijing.
Li apuntó que la cancelación de los derechos de aprobación poco razonables, que podrían ser mal utilizados para ganancias indebidas por parte de los funcionarios, han ayudado a impulsar el mercado.
El gobierno tiene como objetivo desechar y descentralizar otros 200 artículos de aprobación administrativos para este año, con las nuevas modificaciones que se harán, ya que forman un catálogo de proyectos de inversión.
La última reforma de la aprobación hará que sea mucho más fácil para las empresas nacionales invertir en el exterior.
El domingo, el Ministerio de Comercio de China anunció que cederá su control previo sobre el número de proyectos de inversión en el extranjero. Ahora, las compañías sólo tienen que registrarse con la cartera, no obtener la aprobación, con algunas excepciones.
Li aseguró que los procedimientos de licencia o requisitos de evaluación inadecuados de las empresas se orientarán y se eliminan con el avance de la reforma.
La supervisión también se volverá más importante ante el proceso de simplificación de las aprobaciones. Los procedimientos gubernamentales recibirán una supervisión más estricta de las medidas futuras, agregó Li.
Una nueva regulación en materia de divulgación de información corporativa, que fue anunciada por el Consejo de Estado el mes pasado, se espera que anime a las empresas a actuar con ética, pues la transparencia permitirá un mayor escrutinio público. Las nuevas normativas entrarán en vigor el 1 de octubre.