El gobierno argentino y gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos alcanzaron un acuerdo para una nueva la ley que regula la actividad, tras meses de debate entre las partes, y la iniciativa será ahora enviada al Congreso para su tratamiento.
La mañana de hoy miércoles, el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, negó "presiones" del Ejecutivo a las provincias y, tras asegurar que la iniciativa es "un win-win" en el que ganan "todos", estimó que será sancionada en el Congreso "no más allá de octubre o noviembre".
La prensa local, por su parte, precisó que el acuerdo se firmó pasadas las 23:00 horas locales del martes en la residencia oficial de Olivos, donde la mandataria Cristina Fernández firmó el texto de reforma.
Un comunicado informó luego que el proyecto establece en sus puntos salientes que las concesiones para explotar recursos no convencionales serán por 35 años, y para las off shore por 30.
"Hemos discutido todos los temas pendientes y hemos llegado a un acuerdo", dijo la gobernadora de la sureña provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.
El entendimiento fue avalado por los 10 gobernadores de las provincias petroleras del país sudamericano que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
Y si bien no se dieron a conocer mayores detalles del proyecto, trascendió que regirá para iniciativas de inversiones superiores a 250 millones de dólares a desarollar en tres años y que se respetan los derechos adquiridos por las provincias productoras.
Según la Constitución Nacional, son las provincias las propietarias de los recursos.
La Presidencia argentina, en su comunicado, dijo que el acuerdo fue "unánime para avanzar en una reforma a la ley de hidrocarburos que permita alcanzar el autoabastecimiento energético, sustituir importaciones, generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar producción y generar más fuentes de trabajo".
La iniciativa "acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración", agregó el comunicado.
Para Capitanich, la nueva ley dará "certidumbre y previsibilidad a la inversión", al tiempo que acelerará "el proceso de autoabastecimiento energético".
"Lo que queda claro es que el objetivo de los gobernadores que poseen hidrocarburos es exactamente el mismo que el de la presidenta, es decir, generar un clima para la atracción de inversiones en un volumen considerable que permita maximizar el rendimiento, a los efectos de lograr el autoabastecimiento", planteó el funcionario.
En su momento, algunas provincias se oponían a la reforma porque consideraban en peligro la autonomía con la que cuentan para disponer de los recursos y porque se vería acotado su margen para establecer impuestos locales a la actividad.
En declaraciones a la radio local América, el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Buzzi, aseguró que la iniciativa "da una herramienta para promocionar en el país y afuera la industria petrolera, tanto los recursos convencionales como los no convencionales".
"Permite incorporar equipos importados, que todo aquel que hace una inversión pueda llevar a su casa matriz el 20 por ciento, con libre disponibilidad, de todo lo que produce", agregó.
Según Buzzi, el proyecto acordado "contempla e interpreta muy bien el interés colectivo y preserva el nivel de decisión en manos del Estado provincial sobre la actividad del petróleo y gas".
Por su parte, el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, admitió que hubo "momentos ásperos y difíciles, tratativas de cinco meses, idas y venidas entre las provincias y la Nación".
Destacó que "se arribó a una reforma que contempla nuevos plazos para las concesiones, la posibilidad de prórrogas en el caso de las existentes si hay un plan de inversiones adecuado y se permite una disponibilidad de hasta 20 por ciento para exportar petróleo libre de retenciones".
Ello servirá como "un incentivo a los productores", aseguró el mandatario de Neuquén, provincia en la que se ubica el estratégico yacimiento de Vaca Muerta, en el que la petrolera local YPF se asoció con compañías como Chevron y Petronas para explotar diversas áreas.