El gobierno cubano extenderá el arrendamiento a privados de establecimientos estatales, como parte de la profundización del proceso de reformas en marcha en la isla para "actualizar el modelo económico".
"Casi 13.000 establecimientos estatales dedicados a la gastronomía y los servicios pasarán al sector privado", anunció hace unos días la ministra cubana de Comercio Interior, Mari Blanca Ortega.
De esa forma, las 12.988 unidades dedicadas a esas actividades pasarán al sector privado en cumplimiento del programa de reformas del gobierno del presidente Raúl Castro para modernizar la economía de la isla.
Durante octubre y el venidero noviembre, los directivos y responsables involucrados en ese proceso reciben una capacitación de los principios de la nueva política, la cual comenzó como experimento en 2009.
El paso al sector privado de esos establecimientos busca incrementar la calidad y la eficiencia, así como diversificar la oferta y garantizar una mayor protección al consumidor, aspectos en los que ese sector tiene una gran deuda.
Los cubanos atribuyen a las gerencias estatales de restaurantes, cafeterías y otros centros gastronómicos problemas como la ineficiencia de los servicios al cliente y lentas gestiones administrativas.
De acuerdo con Ortega, la isla experimenta cambios que modificarán la estructura de los sectores gastronómico y de servicios, aunque aclaró que se mantendrá la propiedad estatal sobre los medios de producción.
Los documentos normativos, aprobados por los ministerios del Comercio Interior, Trabajo y Seguridad Social, y Finanzas y Precios, establecen que tienen prioridad para incorporarse al sistema los trabajadores contratados por tiempo indeterminado y quienes cumplen el servicio social.
Si alguno de los empleados actuales de los centros gastronómicos estatales no desea asumir el papel de "cuentapropistas", como se les llama en la isla a quienes están fuera de las plantillas públicas, podrán optar por desempeñarse como trabajadores contratados en el mismo lugar en el que trabajan.
Los nuevos "cuentapropistas" pagarán un impuesto sobre los Servicios Públicos, otro sobre ingresos personales y un tercero si contratan más de cinco empleados, con cuotas mínimas mensuales de 700 pesos (28 dólares) para restaurantes y 400 pesos (16) en cafeterías.
Esos negocios, por el momento, se abastecerán en el mercado minorista vigente y podrán comercializar además cigarros, tabacos y ron, mercancías que les serán vendidos a los arrendatarios por la empresa a precios minoristas, con un descuento, de manera que no suban los actuales precios de venta al consumidor.
Los contratos individuales, que regirán las relaciones entre estas personas y las empresas, podrán ser firmados por un término de hasta 10 años, sin posibilidad de subarrendar a terceros y prorrogable por acuerdo entre las partes.
Quienes asuman la reparación de los locales serán eximidos del pago del arrendamiento por un periodo de hasta un año, facilidad que sólo tendrá vigencia durante el primer año de labor y por una sola vez.
Las nuevas regulaciones establecen que los gastos en mantenimiento y reparaciones, así como el pago por los servicios de electricidad, agua y telefonía, serán asumidos por los trabajadores, según la tarifa residencial.
La ampliación del sector no estatal en la economía cubana es uno de los pilares del programa de "actualización del modelo económico", impulsado en los últimos años por el presidente Raúl Castro.
En la actualidad, unos 470.000 cubanos trabajan fuera del sector estatal, otros 170.000 recibieron tierras estatales en usufructo y se constituyen cooperativas fuera del sector agrícola, en cumplimiento de los acuerdos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2012.