Propone Bolivia ley para evitar desvío de recursos de empresas a campañas políticas

Actualizado a las 18/12/2014 - 09:06

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El presidente en ejercicio de Bolivia, Alvaro García Linera, propuso hoy elaborar una ley sobre el uso que hacen las empresas privadas de sus recursos destinados a aspectos sociales, con el fin de evitar que se desvíen a campañas políticas.

"Hemos aprehendido de lo que ha pasado este año, cuando empresarios utilizaban recursos que iban destinados a acciones sociales, pero en el fondo era campaña política. Lo que se llama responsabilidad social empresarial no puede ser un botín de financiamiento político", afirmó García Linera durante una rueda de prensa en Palacio de Gobierno.

De esta manera se refirió al uso que le dio el empresario y líder opositor Samuel Doria Medina a recursos de su empresa Soboce, ahora en manos de empresarios peruanos, cuyos recursos destinados a programas de responsabilidad social se utilizaron este año para proselitismo.

"Eso ha sucedido con Soboce en los últimos meses; todo el dinero de responsabilidad social fue directamente a financiar campaña política. Eso no lo vamos a volver a permitir con ninguna empresa, por eso es necesario legislar este tema", enfatizó García Linera.

El presidente boliviano en funciones sugirió a los accionistas de esta empresa revisar sus cuentas y abrir la posibilidad de un proceso contra Doria Medina por daño económico.

El empresario opositor anunció el martes la venta de acciones de su cementera a la peruana Holding Cementero, por un valor de 300 millones de dólares para dedicarse "íntegramente" a la política.

García Linera dudó sobre la acumulación de estos recursos millonarios, y admitió que "no va a dejar de preguntarse sobre la licitud de semejante dinero. Cuando se mezcla política para hacer dinero y dinero para hacer política, las cosas siempre vienen manchadas".

También se refirió al trabajo de una comisión del Poder Legislativo que investiga el proceso de capitalización, al señalar que Samuel Doria Medina puede ser acusado por una serie de irregularidades de la capitalización, cuando el dirigente opositor era ministro de Planificación y entregó varias empresas estatales al sector privado.