Destitución de nuevos magistrados venezolanos sería inconstitucional, dice abogado

Actualizado a las 28/12/2015 - 09:21

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La remoción de los nuevos 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano por parte de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de mayoría opositora, sería una acción "írrita e inconstitucional", dijo a Xinhua el abogado constitucionalista Jesús Silva.

Silva explicó que para efectuar la destitución, debe probarse una "falta grave" en la conducta de los funcionarios judiciales, la cual tendrá que ser anunciada por el Poder Ciudadano a fin de realizar los procedimientos legales.

"A partir de allí pudiera entonces el Parlamento venezolano, con el uso de la dos terceras (2/3) partes, aprobar el proceso de destitución y enjuiciamiento de los máximos representantes del Poder Judicial", puntualizó.

El secretario general de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró en días pasados que una vez instalada la nueva AN, evaluarán las maneras para "desmontar" la designación de los magistrados.

Torrealba precisó que una manera es "reformar" la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de ampliar el número de magistrados y así lograr la "correlación de fuerzas".

"La intención de generar un nuevo instrumento legislativo para cambiar la estructura o composición del Tribunal, tiene que estar debidamente fundamentada, sobre todo respetando el mandato constitucional respecto a la composición del Tribunal Supremo de Justicia", indicó Silva.

Agregó que sería un "experimento" legislativo que podría ser dejado sin efecto y ser sometido a impugnación judicial, aunque también puede "dirimirse" con una consulta de rango constitucional.

Las acciones pretendidas por la oposición responden a las presuntas "irregularidades" existentes en el proceso de selección de los magistrados, el cual habría estado definido por el "incumplimiento" de la publicación de la lista preseleccionados, impugnaciones, exposición de candidatos, entre otros.

"El proceso empezó a mediados de agosto. En ese entonces no se sabía ni cuántos cargos se iban a escoger, ni a qué salas pertenecían. Además, había el rumor de presiones en el seno del TSJ para que algunos magistrados renunciaran", dijo el diputado opositor Alfonso Marquina al diario privado local "El Universal".

Sin embargo, el abogado Jesús Silva afirmó que la lista de aspirantes preseleccionados y seleccionados "tiene más de un año de existencia", debido a que "se utilizó la misma lista de magistrados que fueron designados el año pasado".

Enfatizó que esa es una muestra de que "hubo suficiente tiempo" para el cumplimiento de todos los lapsos y fases correspondientes en el proceso, que permitió la selección de los 13 magistrados principales y 21 suplentes para el TSJ.

"El aspecto fundamental de ese proceso de selección radica en que exista suficiente tiempo para que la ciudadanía pueda conocer a los aspirantes, como a aquellos que tienen objeciones a los que se postulen para tales cargos", apuntó.

Otra de las "irregularidades" denunciadas por la oposición de derecha local, es la presunta selección de personas afectas a partidos aglutinados en el bloque izquierdista Gran Polo Patriótico (GPP).

Silva manifestó que en ese caso debe haber una "revisión" de credenciales del nuevo magistrado, si firmó su renuncia a la instancia política a la que pertenece, y si hay una "declaración" debidamente autenticada y notariada.

"En este sentido la Constitución es muy clara, de modo que actividades pasadas no pueden evocarse en tiempo presente; no tienen efecto retroactivo para que la persona pudiera ser declarada como no apta para el cargo de magistrado", aseguró el constitucionalista.

Añadió que es un elemento jurídico que de la misma forma puede ser válido para cualquier dirigente opositor que cumpliendo con la Carta Magna, renuncie a su condición política a fin de ser uno de los "elegibles" para el Poder Judicial.

"Si lograre detectar alguna infracción a la norma constitucional y legal de la selección de estos magistrados, debe ser ventilada ante el Poder Ciudadano, para que califique lo que se denomina Falta Grave y se proceda a la destitución del magistrado", apuntó.

Manifestó que la actual discusión en torno a la "constitucionalidad" de las designaciones, obedece a una "polarización" política al debate partidista.

"Hemos observado que la AN, aún vigente, tomó una decisión que se basa en sus facultades constitucionales, que está fundamentada en sus atribuciones previstas en la Carta Magna, las cuales no culminan sino hasta el día en que terminan sus funciones (4 de enero de 2016)", argumentó Silva.

Sobre la supuesta función de los poderes públicos a favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideró que se trata de una "hipótesis" partidista utilizada por los dirigentes contrarios al gobierno.

"Este conjunto de argumentos son hipótesis, teorías del orden político partidista en un país polarizado, democrático, donde hay visiones diversas, donde hay contradicciones, pero donde lo fundamental es que la Constitución y la Ley se mantengan vigentes y sean respetadas", expresó.

El próximo 5 de enero se instala la nueva AN, la cual contará con 112 diputados opositores y 55 oficialistas, para renovar los 167 escaños del Congreso por el período legislativo 2016-2021.