Texto íntegro del Informe de Valoración de la Implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de China (2012-2015)(7)

Actualizado a las 16/06/2016 - 08:45

Palabras clave：

Se ha continuado impulsado la construcción de ecosistemas. Con la creación del Comité Nacional de Protección de la Biodiversidad, el Ministerio de Protección Ambiental difundió la Estrategia y el Plan de Acción de Protección de la Biodiversidad de China (2011-2030) e inició la Acción de China para el Decenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. De 2011 a 2015, se invirtieron 89.800 millones de yuanes en proyectos de conservación de los recursos de los bosques naturales y casi 1,08 millones de kilómetros cuadrados de dichos bosques recibieron protección efectiva. Se ha promovido continuamente la construcción de cortinas forestales claves en las zonas del nordeste, el norte y el noroeste de China, así como el control de los orígenes de las tormentas de arena que afectan a Beijing y Tianjin, el tratamiento integral de la desertificación en la que queda al descubierto la roca en las zonas kársticas, los proyectos ecológicos fundamentales de recuperación de zonas de pasto y la puesta en marcha de una nueva tanda de proyectos para volver a convertir tierras de cultivo en prados y áreas forestales. En el mismo periodo, se había creado una red de protección de la diversidad biológica, con las reservas naturales como espina dorsal. La superficie de las reservas naturales alcanzó 1,47 millones de kilómetros cuadrados, que representan el 14,84 por ciento de la extensión terrestre del país. Más del 90 por ciento de los ecosistemas terrestres, el 89 por ciento de las especies de animales salvajes y el 86 por ciento de las especies de plantas silvestres que reciben protección prioritaria del país han obtenido dicha protección en reservas naturales. Al término de 2015, la tasa de cobertura forestal de China alcanzó el 21,66 por ciento. Se han tratado más de 260.000 kilómetros cuadrados de tierras que sufrían erosión, sobrepasando la meta fijada. Al finalizar 2014, la tasa de cobertura vegetal de las ciudades chinas alcanzaba el 40,22 por ciento, superando la meta fijada con antelación.

Se ha reforzado la aplicación de la ley sobre el medio ambiente y el sistema para exigir responsabilidades. Se han puesto en marcha la Ley de Protección Medioambiental revisada y una circular emitida por la Oficina General del Consejo de Estado sobre la intensificación de la supervisión sobre la protección medioambiental y, para cumplirlas, las autoridades de control innovaron con nuevos métodos y modos de supervisión y aplicación de la ley. Se llevaron a cabo sucesivamente acciones e inspecciones centradas en la protección ambiental y se luchó seriamente contra las violaciones de la ley sobre el medio ambiente y los delitos de contaminación ambiental, salvaguardando eficazmente los derechos ambientales de los ciudadanos. Se ha mejorado el sistema de compensación por daños al ecosistema.

III. Derechos civiles y políticos

Entre 2012 y 2015, la construcción de la democracia política y la gobernación según la ley socialistas avanzó integralmente, los derechos civiles y políticos fueron protegidos efectivamente, el protagonismo del pueblo fue garantizado y apoyado.

(1) Derechos de la persona

La Ley de Procedimiento Penal, adoptada en marzo de 2012, estipula con claridad "el respeto y protección de los derechos humanos". Se mejoraron el sistema para la obtención de pruebas, las medidas forzosas, el sistema de defensa, las medidas de investigación, los procedimientos judiciales y los procedimientos de aplicación.

Los derechos personales de los sospechosos están garantizados durante los litigios. El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública publicaron reglamentos para detallar las condiciones aplicables, los procedimientos de aprobación y los de información en medidas forzosas tales como arresto, libertad bajo fianza a la espera de juicio y vigilancia domiciliaria, entre otras. De 2012 a 2015, los departamentos fiscales en el ámbito nacional rechazaron el arresto de 816.379 personas. Entre ellas, 340.491 no fueron arrestadas basándose en que no constituían un peligro para la sociedad; 63.809, porque su comportamiento no constituía un delito; y 379.290, por no estar claros los hechos o por insuficiencia de las pruebas. Los órganos de seguridad pública observaron estrictamente los reglamentos sobre la notificación a los familiares de los sospechosos en las 24 horas posteriores a la detención o arresto; sobre hacer conocer a los sospechosos su derecho a contratar un abogado y pedir asistencia jurídica en el primer interrogatorio o al adoptarse medidas forzosas. Se creó una plataforma de citaciones en línea para publicar los números de teléfono para concertar los encuentros y facilitar las visitas de los abogados. Se hicieron más esfuerzos para impulsar efectivamente la construcción de centros de asistencia legal instalados en centros de detención para personas a la espera de juicio para garantizar la asistencia jurídica oportuna para los sospechosos y sus familiares. Se les permite a los abogados consultar durante el proceso de averiguación las acusaciones contra el sospechoso, las pruebas obtenidas en la investigación del delito, así como las medidas forzosas tomadas.

Se ha fortalecido la vigilancia e investigación contra los actos que violan la ley y los reglamentos, tales como obtener confesiones mediante torturas. Entre 2012 y 2015, los departamentos fiscales plantearon 869.775 propuestas de corrección de actos ilegales durante la investigación, como abusar de las medidas forzosas, obtener pruebas de manera ilegal, arrancar confesiones con torturas y otras circunstancias. En 2015, se trataron 208 casos contra 243 fiscales por infringir la ley o los reglamentos. Desde 2012, los órganos fiscales han reforzado la investigación sobre casos de violación de los derechos personales de los ciudadanos cometidos por empleados de departamentos estatales abusando de su autoridad.

Los reglamentos relativos a la obtención y examen de las pruebas han sido observados estrictamente. Los órganos de seguridad pública recogen, documentan y transfieren todas las pruebas que prueban la culpabilidad o la inocencia, o determinan la gravedad del delito, para que posteriormente se examine estrictamente su veracidad, validez y valor como prueba. Los fiscales dejaron constancia de todas las propuestas de los abogados defensores sobre casos de sospechosos que no constituyen un crimen, que no causan daño a la sociedad o excluyendo pruebas obtenidas por medios ilegales. Antes del cierre de las investigaciones, si el abogado lo pide, los órganos de seguridad pública deben escuchar sus opiniones, verificar los hechos según las circunstancias específicas y registrarlo. Si los abogados defensores remiten opiniones por escrito, éstas deben estar adjuntas como anexo. Los departamentos de seguridad pública han estandarizado la utilización y la administración de las áreas de aplicación de la ley e investigación. Las zonas para la investigación de casos están físicamente separadas de otras áreas para garantizar que los sospechosos puedan comer, beber y descansar en estos lugares. Una vez llevado ante los órganos de seguridad pública, el sospechoso debe ser conducido directamente al área para la investigación de los casos, en donde deben estar instalados sistemas de videovigilancia. Al cierre de 2015, se había completado la renovación según el estándar de los lugares de aplicación de la ley e investigación de causas en varios lugares.

Se perfeccionó el sistema correccional basado en la comunidad. La Ley de Procedimiento Penal modificada en 2012 establece que los órganos correccionales de la comunidad ejercen control sobre los criminales condenados a vigilancia pública, suspensión cautelar, libertad condicional, o que cumplen su condena fuera de la cárcel. Según el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, el Ministerio de Justicia, junto con otros departamentos concernientes, elaboraron "Las medidas de aplicación de la correción en comunidad", en las que se determinan la entrega, aplicación y supervisión legal de la corrección en comunidad. Se reforzaron la educación y la administración elevando realmente la calidad del sistema de corrección en comunidad. Para ayudar a quienes cumplen estas sentencias a adaptarse a la sociedad, el gobierno formuló, mejoró y cumplió la política de asistencia y se coordinó con otros para encontrar soluciones a los problemas de empleo, educación, subsidios de subsistencia, ayuda temporal y seguridad social, entre otros, lo que ha ayudado a crear las condiciones para que estas personas se sientan seguras al asumir la corrección en comunidad y se puedan volver a integrar en la sociedad. Al término de 2015, China había establecido en el ámbito nacional 1.339 centros de corrección basada en la comunidad a nivel de distrito, que habían recibido a 2,702 millones de personas para cumplir su sentencia y habían puesto en libertad a 2,004 millones de ellos. Había 698.000 personas cumpliendo sentencia en la lista para recibir corrección en comunidad y la tasa de reincidencia delictiva para la gente que asumía este tipo de corrección se ha mantenido a un nivel relativamente bajo, del 0,2 por ciento.

En diciembre de 2012, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó la abolición de la reeducación por medio del trabajo. En agosto de 2015, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional tomó la decisión de otorgar una amnistía a cuatro tipos de delincuentes. Al cierre de 2015, 31.527 criminales recibieron un indulto oficial según la ley.