Plan Estatal de Acción sobre Derechos Humanos (2016-2020) (7)

Actualizado a las 30/09/2016 - 14:22

Palabras clave：

-Garantizar la participación de las masas populares en labores judiciales como las mediaciones judiciales, las audiencias probatorias y la atención a reclamaciones por litigio presentadas en persona o mediante correspondencia.

-Desplegar en la gobernanza social el papel positivo de las convenciones públicas urbanas y rurales, los reglamentos sectoriales, los estatutos de las asociaciones y otras normas sociales y promover la autonomía social.

-Apoyar a las organizaciones sociales a participar en los servicios sociales. Se desarrollarán las instituciones de servicios y trabajo social y las organizaciones de servicio voluntario, se realizará la desvinculación entre las asociaciones gremiales y los órganos administrativos, se apoyará el desarrollo ordenado de las organizaciones dedicadas a la beneficencia, se perfeccionarán el sistema de administración de registro de las organizaciones sociales y el sistema de contratación de sus servicios por parte del gobierno.

-Modificar la Ley de Organización de los Comités Vecinales Urbanos y acelerar la elaboración o modificación de los reglamentos complementarios de la Ley de Organización de los Comités de Aldeanos. Se promoverá la información pública sobre los asuntos administrativos de las aldeas y las comunidades, así como la participación democrática de los habitantes urbanos y rurales en dichos asuntos.

-Perfeccionar el sistema de administración democrática de las entidades empresariales e institucionales que tiene como forma básica la asamblea de trabajadores. Se impulsarán la institucionalización y la reglamentación de la información pública de las entidades empresariales e institucionales, y se garantizarán el derecho de los empleados a la información y su participación efectiva en la administración democrática.

5. Derechos a la expresión y a la supervisión

Se establece la necesidad de agrandar el espacio para la expresión, enriquecer sus medidas y canales, perfeccionar el sistema condicionante y supervisor del funcionamiento de los poderes y garantizar según la ley la libertad de expresión y el derecho a la supervisión democrática de los ciudadanos. Las metas son:

-Garantizar conforme a la ley la libertad de los ciudadanos a la expresión en internet. Se seguirán mejorando los servicios a los internautas para la expresión de sus opiniones en internet y se dará importancia a la situación social y la opinión popular, reflejadas en internet.

-Establecer un sistema de registro de la presentación de quejas y denuncias sobre actos ilegales de los organismos estatales de diversos niveles. Se harán más accesibles las urnas de denuncia, los correos electrónicos, líneas telefónicas especiales y otros canales de supervisión, para desarrollar la función de la supervisión social.

-Mejorar el sistema de trabajo sobre las quejas expresadas por correo y visitas personales. Se perfeccionará el mecanismo de trabajo de clasificación de estas quejas y los pleitos y se mejorará el mecanismo de resolución de las primeras. Se impulsará la construcción de una plataforma de aceptación integral que combine la acusación, la denuncia, la presentación de demandas judiciales, la presentación de quejas, la consulta y la información. Se aceptarán las quejas a través de internet, se tramitarán conforme a la ley las demandas clasificadas y se garantizará que las reclamaciones racionales y legítimas obtengan resultados racionales y legítimos siempre que cumplan con las estipulaciones de la ley y los procedimientos legales.

-Modificar la Ley de Revisión Administrativa y garantizar el derecho de supervisión de la ejecución de la ley de los órganos administrativos por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales mediante la reevaluación administrativa. Se intensificarán la supervisión y el examen sobre las transgresiones legales y disciplinarias de los funcionarios públicos.

-Llevar a cabo el papel supervisor del periódico, la radio, la televisión y otros medios de comunicación tradicionales, intensificar la interacción entre estos con los emergentes y dar importancia al uso y la normalización de la supervisión en internet. Se garantizarán, según la ley, los derechos de los órganos y profesionales de prensa a saber, entrevistar, expresar, criticar y supervisar.

-Perfeccionar el sistema de supervisión de la Constitución por parte de la Asamblea Popular Nacional (APN) y de su Comité Permanente y completar los procedimientos y mecanismos para la explicación de la Constitución. Es preciso fortalecer el fomento del sistema y la capacidad de registro y examen, incorporar en el alcance del mismo registro y examen todos los documentos normativos y suprimir y rectificar conforme a la ley los documentos reglamentarios que violen la Constitución y las demás leyes. Hay que perfeccionar el sistema de discusión y decisión sobre asuntos importantes en las asambleas populares. Antes de tomar decisiones importantes, los Gobiernos de diversos niveles deben informar de ellas ante las asambleas populares de sus correspondientes niveles.

-Establecer una plataforma para la consulta política y enriquecer los contenidos y formas de la misma. Con los problemas reales relacionados con la situación global del desarrollo socioeconómico y los intereses vitales de las masas como contenido, se desplegará una consulta amplia y se perfeccionarán los mecanismos de organización y dirección, de garantía de los derechos e intereses, de obtención de información y retroalimentación de la misma y de comunicación y coordinación de la supervisión democrática.

-Perfeccionar la supervisión mediante auditoría. Se completará un sistema administrativo de auditoría que sea favorable para la ejecución independiente y conforme a la ley del derecho a la supervisión mediante auditoría; se establecerá un sistema administrativo de los auditores con características de esta ocupación y se formará básicamente un mecanismo de supervisión mediante auditoría que se adapte a la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza estatal. Se debe aplicar una cobertura total de las auditorías sobre los fondos públicos, activos y recursos estatales, así como el cumplimiento de las responsabilidades económicas por parte de los cuadros dirigentes.

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