Parlamento israelí aprueba legalización de asentamientos judíos en Cisjordania

Actualizado a las 07/02/2017 - 09:56

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El Parlamento de Israel aprobó hoy una controversial ley para legalizar de forma retroactiva los asentamientos judíos ilegales construidos en tierras palestinas privadas, a pesar de las condenas internacionales y de las advertencias de que la ley es inconstitucional.

En una sesión prolongada hasta altas horas de la noche, el Parlamento (Knesset) aprobó la llamada "Iniciativa de Regulación" con una votación de 60 contra 52.

Con la nueva legislación, cerca de 3.850 unidades habitacionales en decenas de asentamientos construidos de forma ilegal en tierras de propiedad privada palestina serán legalizados de manera retroactiva.

El Estado de Israel decomisará las tierras y ofrecerá indemnizaciones o terrenos alternativos a los propietarios incluso si no están de acuerdo en renunciar a su propiedad.

Los asentamientos fueron construidos por colonos ultraderechistas sin permiso de las autoridades israelíes, pero los gobiernos con frecuencia se hicieron de la vista gorda.

Hay otros 120 asentamientos considerados legales por Israel.

Pero ambos sin ilegales en términos del derecho internacional pues fueron construidos en tierras ocupadas por Israel en la Guerra de Medio Oriente de 1967 y en donde los palestinos desean construir su futuro Estado.

Hoy con anterioridad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo a los reporteros en Londres que votaría a favor de la ley inmediatamente después de regresar a Israel, tras reunirse en la capital británica con la primera ministra de Reino Unido Theresa May.

Pero su vuelo fue aplazado por reuniones con funcionarios británicos, dijo el vocero de Netanyahu, y la votación se realizó en ausencia del primer ministro.

La ley fue aprobada una semana después de que la Casa Blanca emitió una declaración con críticas reservadas por un reciente incremento en los permisos de construcción para miles de unidades habitacionales en los asentamientos.

La votación se llevó a cabo a pesar de que, según informes, la Casa Blanca pidió a Netanyahu que la aplazara.

De acuerdo con un informe del Canal Dos de la televisión israelí, la administración pidió a Netanyahu aplazar la decisión hasta después de reunirse con el presidente Donald Trump en Washington el 15 de febrero.

La oficina del primer ministro no confirmó el informe, pero Netanyahu dijo a los reporteros en Londres que "puso al corriente" a Trump con respecto a la votación.

Los socios de la coalición nacionalista de Netanyahu, predominantemente la facción de La Casa Judía favorable a los asentamientos, ejercieron una gran presión para seguir adelante con la legislación después de la evacuación ordenada por un tribunal del asentamiento ilegal de Amona.

Bezalel Smotrich, un legislador de La Casa Judía, elogió el "histórico" voto. "El día de hoy, el Estado de Israel determinó que el desarrollo del asentamientos es un interés israelí", dijo Smotrich en una declaración.

Smotrich dijo que el siguiente paso será "declarar la soberanía israelí sobre" toda Cisjordania.

El líder opositor, Isaac Herzog, se dirigió al pleno del Knesset antes de la votación y exhortó a los legisladores a rechazar la iniciativa.

"Esta iniciativa es una anexión de facto", dijo. "Sólo tenemos unos cuantos momentos más para detener este terrible tren antes de que parta de aquí y se detenga en La Haya", dijo.

Antes de la votación, también el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Medio Oriente, Nicolai Mladenov, advirtió que la ley "tendrá consecuencias legales de gran alcance para Israel y reducirá mucho las perspectivas de paz entre árabes e israelíes".

Inmediatamente después de la votación, Paz Ahora y Yesh Din, dos organizaciones de derechos humanos con sede en Israel, señalaron que presentarán una petición a la Suprema Corte para que cancele la ley.

Yesh Din dijo en una declaración que se trata de "una ley ilegítima e inmoral que sanciona el acaparamiento de tierras y recompensa el robo" y agregó que constituye "una violación fundamental al derecho a la propiedad".

"Dada la falta de autoridad del Knesset para legislar sobre Cisjordania, la lucha de los propietarios de las tierras continuará en los tribunales", dijo el grupo.

La semana pasada, el procurador general del gobierno, Avichai Mandelblit, dijo que la ley podría ser inconstitucional y que podría no ser posible defenderla en la Suprema Corte.

También advirtió que la legislación podría exponer a funcionarios israelíes a juicios en la Corte Penal Internacional.

En una sumamente inusual medida, Ayelet Shaked, ministro de Justicia y legislador perteneciente a La Casa Judía, anunció que el gobierno contratará a un abogado particular para representarlo en la Suprema Corte.