Libertad cautelar para el fundador de grupos civiles armados de lucha contra el narco mexicano

Actualizado a las 12/05/2017 - 10:18

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Un juez federal mexicano concedió este jueves la libertad cautelar a José Manuel Mireles, exlíder de las extintas autodefensas de Michoacán, una serie de grupos civiles que tomaron las armas para combatir al cártel de la droga que opera en este estado del oeste de México.

El juez quinto de distrito en Uruapan, Rubén Olvera, informó de que Mireles, que llevaba encarcelado desde 2014 por portar armas, podrá dejar la prisión preventiva a cambio del pago de una garantía de 30.000 pesos (1.592 dólares estadounidenses), permanecer en el estado y no acercarse o comunicarse con determinadas personas.

Mireles estaba interno en la prisión federal de El Rincón, en el estado occidental de Nayarit, bajo juicio por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El juez explicó que el exdirigente de las autodefensas cumple con los requisitos para que se sustituya la prisión preventiva en su contra por las medidas cautelares, de acuerdo con las nuevas normas del sistema penal acusatorio, en vigor desde el año pasado.

Mireles, médico de profesión, se convirtió en líder y vocero de los distintos grupos de civiles armados que surgieron a partir de febrero de 2013 en 36 de las 113 municipalidades de Michoacán para defender sus comunidades del cártel de la droga de Los Caballeros Templarios.

Cerca de 1.600 habitantes se armaron para combatir en sus poblados al crimen organizado hasta que en mayo de 2014 el Gobierno los llamó a una institucionalización, por lo que una parte de ellos se reclutó en una fuerza rural.

Policías federales arrestaron a Mireles el 27 de junio de 2014 en el puerto de Lázaro Cárdenas, supuestamente en poder de una pistola, un fusil y cinco dosis de marihuana y cocaína, después de que optase por continuar con el movimiento.

Durante la operación policial para capturarlo también fueron arrestados otros 82 miembros de las autodefensas, cuyas acciones fueron declaradas finalizadas por parte del Gobierno estatal en febrero de 2016.

Los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) acusaron originalmente a Mireles de portar las armas de fuego y de delitos contra la salud por la droga que los policías dijeron encontrarle, pero un tribunal canceló este último cargo.