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Nueva configuración de violencia en Colombia a un mes de elecciones presidenciales

BOGOTA, 27 abr (Xinhua) -- A un mes exacto de la jornada electoral, en la que los colombianos ejercerán el derecho al voto para elegir al mandatario de los próximos cuatro años, el panorama de seguridad en el territorio nacional ofrece imágenes que, aunque generan incertidumbre también señalan que el país andino está superando oscuras etapas del pasado.

Por primera vez en medio siglo, los colombianos elegirán un presidente que no tiene en su agenda la superación del conflicto armado como principal carta para atraer electores. Temas como la lucha contra la corrupción y la implementación de nuevos modelos económicos son en estas elecciones los que al parecer tienen mayor relevancia entre quienes aspiran al periodo presidencial 2019-2022.

No obstante, hechos ocurridos durante los primeros cuatro meses de 2018 hacen que en Colombia sea necesario determinar la situación real de seguridad que viven las regiones en donde el narcotráfico continúa con su avance como principal combustible del motor de la violencia.

Con la desaparición de la insurgencia de las FARC, hoy convertidas en un partido político sin mayor fuerza electoral como quedó demostrado en las pasadas elecciones parlamentarias, en Colombia los analistas políticos se plantean si los nuevos brotes de violencia tienen o no que ver con la implementación de un proceso de paz que se debate entre tropiezos devenidos en su mayoría de la falta de eficiencia por parte del Estado colombiano.

Para Ariel Avila, analista político, sociólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, los cuestionamientos sobre el éxito del proceso de paz entre el gobierno y las FARC son acallados por la contundencia de las cifras que son objeto de estudio de la entidad para la que trabaja.

"Yo creo que la paz, entendida como una significativa reducción en algunos indicadores de violencia, ha sido un éxito, en el peor año del conflicto armado tuvimos más de 3.300 secuestros y el año pasado fueron solamente 129, en el peor año del conflicto tuvimos 1.200 personas afectadas por minas antipersonales, el año pasado 17", dijo.

Además, el investigador recalcó la importancia de que un nuevo gobierno dedique esfuerzos en reforzar una implementación que hoy se caracteriza por la ineficiencia y el retraso. "El año pasado tuvimos 70.000 desplazamientos forzados, que son muchos, pero en los picos del conflicto armado llegamos a tener 500.000. Las acciones armadas se redujeron", añadió.

"El lunar viene por la implementación territorial, no hay proyectos productivos, no hay vías terciarias, el Estado se ha demorado en llegar, pero es innegable que podemos considerar el proceso de paz como exitoso", aseguró.

Los brotes de violencia reflejados en enfrentamientos armados, asesinatos de líderes sociales y secuestros obedecen, según el sociólogo, a que "el Estado llegó tarde con su estrategia militar o llegaron nuevos actores criminales (...) Lo delicado es que muchos de estos municipios están ubicados en zonas de frontera: el municipio de Tumaco en la frontera con Ecuador en el sur del país y la región del Catatumbo en el Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela".

Para el sociólogo, quien también es abogado, "estos grupos como El Clan del Golfo, el ELN, las famosas disidencias de las FARC o las llamadas bandas criminales (Bacrim), como La Empresa, determinan una reconfiguración del territorio y una anarquía criminal en la que no hay una ideología política. Son grupos que decidieron reincidir en el narcotráfico únicamente".

Lo mismo opina el mayor general José Angel Mendoza Guzmán, actual subdirector general de la Policía Nacional de Colombia quien indicó que hoy en Colombia, las bandas narcotraficantes continúan siendo los principales promotores de la violencia.

"Hoy afortunadamente no tenemos carteles de narcotráfico de la envergadura de los antiguos carteles de Medellín y de Cali, hoy son organizaciones mucho más pequeñas, más planas que siguen en el crimen y tienen vínculos precisos con grandes carteles mexicanos. Es en contra de estas bandas hacia las que estamos direccionando toda la eficacia de la fuerza pública", aseguró Mendoza Guzmán en entrevista con Xinhua.

Al referirse a la seguridad electoral, señaló que "los dispositivos de seguridad en época electoral han venido siendo muy positivos en los últimos tiempos, sobre todo después de la terminación del conflicto con las FARC. Hemos logrado desplegar a lo largo y ancho del territorio colombiano dispositivos que reúnen a toda la fuerza pública, ejército, armada y fuerza aérea".

"La totalidad de la policía colombiana, más de 170.000 funcionarios se han desplegado para asegurar, junto al resto de la institucionalidad del país, que las elecciones se desarrollen en condiciones de tranquilidad", culminó Mendoza Guzmán.

Los planteamientos de los candidatos presidenciales con respecto al tema del narcotráfico se han centrado en la legalización o prohibición del porte de la dosis mínima de estupefacientes.

En ese sentido, Avila sostuvo que en el mes que resta de campaña electoral sería conveniente conocer mejor los programas de los candidatos a este respecto.

"Las campañas presidenciales han tomado el tema de seguridad como un tema ideológico, quién tiene mano dura y quién no, quién va a incrementar el número de policías, pero les hace falta seriedad en la profundidad en cuanto al tema del narcotráfico. Las propuestas las veo muy sobre el aire", concluyó.