Por Javier Ureta
MADRID, 4 jun (Xinhua) -- El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, tomó el pasado sábado posesión como nuevo presidente del Gobierno español después de desbancar al anterior jefe del Ejecutivo, el conservador Mariano Rajoy (PP), en una moción de censura histórica celebrada el viernes en el Congreso de los Diputados.
Ese mismo día, Sánchez se convirtió, no obstante, en el líder más débil que España haya visto, con solo 84 diputados de los 350 asientos del Congreso, donde se encontrará con los 137 escaños del PP y los 32 de los liberales de Ciudadanos.
Para aprobar cualquier medida y evitar que su mandato se convierta en un fracaso a corto plazo que abra la puerta a nuevas elecciones generales, Sánchez necesitará alcanzar acuerdos con formaciones de varias tendencias: Podemos (izquierda), ERC (independentistas catalanes de izquierdas), Bildu (independentistas vascos de izquierda), PNV (nacionalistas conservadores vascos) y PDeCAT (independentistas conservadores catalanes).
Sánchez debe entender que pactar con los nacionalistas vascos y catalanes le deja expuesto a ser acusado de tener aliados que sólo miran por sus propias ambiciones y las de sus comunidades autónomas.
Tanto Ciudadanos como el PP jugarán en cuanto puedan la carta de la "unidad de España" para atacar a Sánchez y sus pactos con los nacionalistas.
El escenario político plantea así pues una pregunta: ¿Cómo va a conseguir gobernar Sánchez en las próximas semanas y meses?
Una de las formas de sobrevivir es concentrarse en medidas que ya han sido aprobadas por la mayoría de los partidos de los que necesita apoyarse en el Congreso.
En el último año y medio, la Cámara Baja aprobó medidas sin el apoyo del PP de Rajoy, por lo que Sánchez deberá esforzarse en este ámbito para incluir a otros partidos entre sus aliados y sacar adelante su mandato sin que lo acusen de venderse a los nacionalistas.
El presidente socialista ya prometió respetar los Presupuestos Generales de 2018 que aprobó el PP justo antes de ser desbancado en la moción de censura, pero parece improbable sacar adelante cualquier otra cuestión estructural.
Sin embargo, el nuevo jefe del Ejecutivo español tiene ante sí el reto de revocar ciertas leyes impopulares en la sociedad como la "Ley de Seguridad Ciudadana", conocida popularmente como "Ley Mordaza".
Se trata de una ley que incluye multas de entre 600 y 30.000 euros por acciones como "realizar una manifestación no anunciada frente a un edificio público". Los mismos partidos que apoyaron a Sánchez el viernes votaron a favor de revocarla en una votación reciente.
El líder socialista también podría intentar poner fin a la condena de prisión permanente revisable y recuperar la universalidad del servicio público de salud español que el Gobierno de Rajoy negó a los inmigrantes ilegales en 2012.
Del mismo modo, podría apostar por dar ayuda financiera a las aproximadamente 300.000 personas que actualmente no reciben nada por cuidar a parientes enfermos o ancianos o por medidas para garantizar el pago igualitario entre hombres y mujeres.
Si estas medidas se convierten en leyes en los próximos 12 meses, el PSOE demostraría tener un plan de gobierno efectivo y ambicioso para una sociedad que ha visto como en los últimos años los conservadores del PP priorizaron sobre todo la economía.
Y con las elecciones locales y regionales ya programadas para mayo de 2019, le daría a Sánchez un buen motivo para celebrar elecciones generales en ese lapso de tiempo.
El nuevo presidente, que ha sobrevivido ya a duras batallas políticas desde que ascendió por primera vez al liderazgo del socialismo español en 2014, sabe probablemente que será difícil continuar mucho más sin enfrentar las cuestiones estructurales que requerirán un mandato más fuerte que solo las urnas pueden darle.