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Fracaso y retardación de justicia obliga a excluir a jueces ciudadanos en Bolivia

Actualizado a las 08/09/2014 - 16:20
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Por René Quenallata Paredes

LA PAZ, 7 sep (Xinhua) -- El fracaso de los jueces ciudadanos por convertirse en un elemento que alimenta la retardación de justicia motivó al Órgano Judicial a plantear un proyecto de ley para prescindir de estos "jurados del pueblo" que nacieron al amparo del Código de Procedimiento Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, explicó a Xinhua que el proyecto de ley denominado "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal" tiene entre sus principales puntos la eliminación de los jueces ciudadanos.

Considera que, en su criterio, se ha evidenciado en los hechos y a través de denuncias que estos jueces contribuyen a la dilación de la justicia y, por tanto, al elevado índice de carga procesal pendiente.

"La implementación de los jueces ciudadanos, que en su momento se presentó como un elemento revolucionario de la justicia, no fue tal, sino que ha sido un fracaso; no han contribuido como debieron hacerlo porque, además, ese sistema no se acomoda a nuestra cultura", aseveró.

Señaló que las condiciones de Bolivia respecto de otras naciones desarrolladas donde existen los jueces ciudadanos nos son iguales, por varios factores desde cultural, nivel de formación, económico, falta de apoyo estatal, amedrentamiento, escasez de tiempo, trabajo y otros.

"De acuerdo a la fundamentación del proyecto de ley que ha sido trabajado en el Órgano Judicial en coordinación con el Ejecutivo, señalan que la mayoría de los tribunales de sentencia tardan en su conformación muchos meses, lo que lógicamente genera la retardación de justicia", afirmó el legislador.

Además, dijo que hay casos en los que se han tenido que recorrer juzgados, primero por capitales de departamento y luego provincias, por el tema de recusaciones y excusas.

Otro de los argumentos es que los jueces ciudadanos no se presentaban por falta de información, nivel de formación, ocupación laboral, lo que impedía una pronta conformación de los tribunales de sentencia.

Se evidenció también que muchos ciudadanos tenían temor de enfrentar delincuentes peligrosos.

"Estos argumentos han obligado a hacer un análisis serio para que desaparezcan los jueces ciudadanos, porque no han contribuido a una justicia rápida, sino (que) han sido parte fundamental para la retardación de justicia", aseveró, al manifestar que se pretende una justicia rápida.

En su explicación ante los diputados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, dijo que la ley que propusieron denominada "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal", permitirá descongestionar los procesos penales en sus etapas investigativa y cautelar.

Von Borries precisó que la propuesta legal modifica parcialmente el Código de Procedimiento Penal, lo que permitirá frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que interrumpen el normal desarrollo de los procesos.

Además, dijo que se ordena que, mientras dure el proceso de descongestionamiento judicial, el Tribunal de Sentencia pueda funcionar con un juez técnico y dos jueces ciudadanos en los procesos en curso, pero en los nuevos no participarán más los jurados del pueblo.

CUESTIONAMIENTOS

Por su parte, la ex diputada opositora y experta penalista Norma Piérola dijo que estas leyes son "parche" cuando se precisa de una reestructuración general de la justicia.

"La retardación de justicia se incrementó en esta gestión por la politización de este órgano y la falta de capacidad de los que están dirigiendo el Órgano Judicial", aseveró.

La asambleísta mencionó que las autoridades nacionales estarían tratando de copiarse el procedimiento judicial que existe en Cuba.

"Uno de los grandes avances que tuvimos en la justicia boliviana para igualar a todos los países del mundo que cuentan con ese mecanismo fueron los jueces ciudadanos, y ahora eliminarlos considero que es un retroceso", añadió Piérola.

Por su parte, el abogado experto en temas penales, Raúl Paniagua, consideró que con esta acción se estarían afectando a la participación ciudadana que está avalada en la Constitución Política del Estado (CPE).

A decir del jurista, se estaría dando un retroceso en la justicia boliviana al evadir la participación de los jueces ciudadanos.

Asimismo, dijo que se estaría atentando (contra) la democratización del Poder Judicial.

"El 85 por ciento de los detenidos no tiene sentencia, pero no por culpa de los jueces ciudadanos, sino de los jueces de la etapa preparatoria del juicio.

"Es un peligro porque se violentaría sin duda el control social", dijo Paniagua, al resaltar que el Estado debería invertir más en recursos humanos y económicos para una buena administración de la justicia.

Los jueces ciudadanos fueron insertados al sistema judicial en 1999 con el nuevo Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, en 2011 se conformó una comisión codificadora para elaborar otro Código Procesal Penal que excluya a los jueces ciudadanos, debido a las varias críticas por parte de las autoridades judiciales y de gobierno por la retardación de los juicios.  

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