La Corte Suprema brasileña determinó hoy que un grupo de expertos en finanzas públicas del Senado realicen una nueva auditoría de las cuentas del gobierno de Dilma Rousseff para confirmar si incurrió en las irregularidades que provocaron que fuese apartada del cargo para ser sometido a un juicio político con miras a su destitución, informaron hoy fuentes oficiales.
El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, aceptó la apelación presentada por la defensa de Rousseff, que había sido negada anteriormente por la comisión del Senado que está a cargo del proceso.
No obstante, Lewandowski determinó que la nueva auditoría la hagan expertos del Senado y no peritos extranjeros, como había solicidato José Eduardo Cardozo, el exministro de Justicia y abogado de Rousseff.
Rousseff será juzgada en las próximas semanas por el Congreso por haber cometido supuestamente irregularidades fiscales en los balances de 2014 y 2015, al haber contratado créditos para el gobierno con la banca pública, lo que está considerado un "delito de responsabilidad" en la Constitución brasileña.
La defensa de la mandataria suspendida alega que fueron "faltas" administrativas, que no bastarían para que sea despojada de su mandato.
La comisión que estudia el caso en la Cámara Alta presentará a finales de julio un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada, tras haber escuchado las dos partes.
De ser así, Rousseff sería destituida siempre que así lo decidan 54 de los 81 senadores, es decir, dos terceras partes. El actual presidente interino, Michel Temer, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.