Corte Suprema anula aumento de tarifas de gas en Argentina

Actualizado a las 19/08/2016 - 15:25

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina anuló hoy el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales, lo cual causó impacto en el gobierno del presidente del país, Mauricio Macri, que deberá convocar a audiencias públicas.

Los aumentos tarifarios promediaban 400 por ciento, pero en algunos casos llegaban al 1.100 por ciento, lo cual derivó en centenares de presentaciones judiciales hasta la decisión del máximo tribunal del país, y en manifestaciones callejeras.

En su fallo, la CSJ explicó que la medida beneficia sólo a los usuarios residenciales, cuyo consumo de gas equivale al 30 por ciento del total en el país, porque tienen mayores dificultades de litigar ante los tribunales en comparación con las empresas.

"Todo reajuste tarifario debe incorporar como condición de validez jurídica el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad", señaló el máximo tribunal al recordar que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos".

Además enfatizó que "un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando" el financiamiento del sistema y, "por vía de consecuencia de este circulo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio".

En cuanto al requisito de las audiencias públicas previas a cualquier incremento, la CSJ señaló que "en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida".

"Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio", subrayó.

La primera reacción del gobierno argentino correspondió al jefe del Gabinete de ministros, Marcos Peña, quien en rueda de prensa dijo que la administración central instruirá a las empresas a emitir las nuevas facturas (boletas) ajustadas a los valores anteriores para usuarios residenciales y realizará una audiencia pública en los plazos establecidos por la CSJ.

"Este fallo confirma que tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda ya hace varios años, producto de malas políticas y de distorsiones, mentiras y hasta de estafas, porque al final del día no podemos crecer como país sin energía", aseguró el funcionario.

En el centro de la escena quedó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a quien la oposición le atribuye el esquema de reajuste tarifario sin gradualidad.

"En el último trimestre el gobierno tendrá hecha la revisión tarifaria integral", dijo el funcionario al comparecer ante periodistas para luego señalar que la audiencia púbica a la que convocará el gobierno mañana viernes ayudará a "explicitar el marco regulatorio para que la ciudadanía tenga la oportunidad de informarse y participar".

Por su parte el jefe del bloque de diputados nacionales del opositor Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sostuvo que "en principio está bien" el fallo de la CSJ, aunque se preguntó "qué pasa con organizaciones como las universidades nacionales" que quedaron al margen de la decisión judicial.

"Se acabaron las excusas, hay que cumplir con la resolución judicial, es un fallo imperativo, no es un consejo. El gobierno tiene que asumir el error. Estamos en una República, no hay otra manera", instó.

El director de la consultora Abeceb, Dante Sica, alertó que la decisión del máximo tribunal del país "le pone más presión al programa económico que el gobierno está liderando".

"En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y sobre todo en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer", explicó.

"La medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico, la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad", agregó.

En el plano político, según Sica, "esta decisión puede generar dudas sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante su política de cambio estructural".

"Si los agentes perciben que el gobierno ve acotado su poder político, ello podría incidir negativamente en la inversión, lo cual es especialmente relevante ya que la apuesta oficial es iniciar un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la acumulación de capital y no ya por el consumo", explicó.

"Esto es crucial para el sector energético, donde quizá más que en ningún otro se necesiten esquemas de incentivos estables que estimulen la inversión y el aumento de la producción. Este fallo no sólo implicará una reducción en las empresas afectadas, sino que a su vez podría retrasar decisiones de inversión", añadió.

En materia fiscal, el fallo tendrá un impacto de 5.500 millones de pesos anuales (366 millones de dólares), mientras que en el sector privado (los productores de gas) será de 12.000 millones de pesos (800 millones de dólares), porque comenzarán a recibir un precio menor por el gas que consumen los usuarios residenciales, estimó la consultora Abeceb.

Las pequeñas y medianas empresas (pyme), que quedaron al margen del fallo, anunciaron que se sienten "desprotegidas frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo".

"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas, pero en un cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pyme", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al informar que se presentará ante la justicia "para defender la producción y el trabajo".