La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, quien será juzgada por el Senado la semana que viene y podría ser destituida, aseguró hoy que el país necesita una reforma política y unas nuevas elecciones para superar el "desgaste" causado por el proceso en su contra.
En un acto con corresponsales extranjeros, Rousseff, suspendida del cargo el pasado 12 de mayo acusada de irregularidades fiscales, dijo que "no es posible tapar el sol con un dedo" y no percibir que "hubo un desgaste constitucional" causado por el "juicio sin crimen" al que se enfrenta.
La mandataria está acusada de irregularidades en las cuentas públicas de 2014 y 2015 y de otras violaciones de las leyes que regulan el uso del dinero público.
Rousseff, en el cargo desde 2011, dijo que "es un hecho" que el "nivel de estrés y desgaste" causado por el juicio político requiere un nuevo "pacto democrático basado en el voto popular" y que obliga a anticipar las elecciones previstas para 2018, pero "respetando" el mandato que ganó electoralmente en octubre de 2014, cuando logró la reelección en el cargo.
Rouseff alertó que si es destituida del cargo, Brasil estará frente a una "ruptura democrática", por lo que considera necesario hacer una consulta a la población sobre su futuro y la posibilidad de adelantar las elecciones.
Otra de las propuestas de la mandataria es una reforma política, que tenga entre sus objetivos limitar el número de partidos políticos, que hoy supera la treintena. "No importa la competencia que tenga o no" un gobernante, porque "no es posible negociar con treinta partidos" para que sea aprobada una ley en el Congreso, por lo que cree que "es necesario reformar este sistema político".
Rousseff lamentó que varios de los partidos de centro que formaron su base de Gobierno pasaron "hacia la derecha" y promovieron el juicio "para imponer un programa de Gobierno que jamás sería aprobado" en las urnas y tiene como meta "desmantelar" las mejoras sociales registradas durante su gestión.
El Senado empezará a juzgar a Rousseff el próximo 25 de agosto. Si dos terceras partes de la Cámara Alta optan por destituirla, la mandataria perdería definitivamente el cargo y el presidente en funciones, Michel Temer, ocuparía el cargo hasta finalizar el mandato, el 1 de enero de 2019.