El relator de la ONU para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, Chaloka Beyani, consideró hoy ante el Senado de México que el Estado tiene que contar con sistema para proteger a sus ciudadanos y se deben evitar los desplazamientos internos.
Beyani se encuentra en México para dialogar con las autoridades y coadyuvar para tratar de solucionar los problemas que enfrentan en materia de desplazamiento interno.
Durante un encuentro con senadores mexicanos y representantes de organizaciones civiles, así como defensores de derechos humanos en México, explicó que el fenómeno del desplazamiento interno es un problema que requiere una respuesta internacional y nacional efectiva.
El reconocimiento, dijo, es el primer paso, pero, aunque no lo haya, "es obvio que el problema existe, como lo demostró el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, en mayo de este año".
Aseguró que en la región latinoamericana el desplazamiento es un fenómeno particular que no solo afecta a aquellos que son desplazados, sino que es una cuestión que tiene que ver con los Estados.
"Si no solucionan las necesidades de la población entonces las consecuencias en los Estados se empiezan a sentir de diversas maneras", remarcó.
El relator de Naciones Unidas dijo que, en el contexto de lo que ha sucedido en la región, debe haber un enfoque regional, y se debe trabajar por la implementación de políticas públicas y legislaciones enfocadas a este tipo de personas.
"Se debe contar con las características y problemáticas de cada país", puntualizó.
"Son muchas las causales las que motivan el desplazamiento forzado de personas, y si no nos metemos a fondo a ver cuáles son las causas, cerrar los ojos no nos va a hacer mejores políticos, no va a hacer mejores leyes y mucho menos va a generar políticas públicas", aseveró la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta de México, Gabriela Cuevas.
"Es urgente una legislación que atienda a miles de mexicanos que, por causas desde fenómenos naturales, problema religiosos, crisis económicas, violencia, se ven forzados a dejar sus hogares, sus comunidades", indicó.
Por su parte, el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo, señaló que es necesario reconocer que en México existe el desplazamiento interno, a fin de tomar las acciones correspondientes para atenderlo.
"Nos falta la creación de políticas públicas, de una manera uniforme y generalizada. Hay instituciones que han llevado a cabo acciones, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero no son esfuerzos uniformes, hace falta la creación de políticas públicas", expresó.
A su vez, la representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Laura Rubio Díaz, consideró que hay miedo a aceptar que en el país se vive un problema de desplazamiento interno, en donde la violencia y las violaciones de derechos humanos están en el centro.
En ese sentido, dijo que muchos de los desplazados que han intentado denunciar, después de haber sido victimizados por el crimen organizado, también son victimizados por autoridades corruptas que los obligan a desplazarse una segunda vez.
"Creemos que el Estado mexicano no ha querido proteger a la población desplazada interna, no hay un reconocimiento del problema, no se ha identificado la magnitud del fenómeno", abundó, por su parte, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Según cifras del defensor de derechos humanos, existen en México 287.000 personas desplazadas.
"Tampoco se han establecido programas de atención a víctimas, creemos que el marco constitucional actual para atender a las víctimas del desplazamiento, en su calidad de víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, es suficiente para establecer una ley por el Congreso de atención a víctimas y para que se pueda criminalizar el desplazamiento interno forzado", finalizó.