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Presidente de Perú niega estar involucrado en conflicto de intereses cuando era ministro

Actualizado a las 18/12/2017 - 16:06
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Por Carlos Acat Koch

LIMA, 17 dic (Xinhua) -- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó este domingo haber estado involucrado en un conflicto de intereses cuando fue primer ministro y ministro de Economía y Finanzas durante el periodo del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

"No he mentido ni soy corrupto", puntualizó en una conferencia de prensa desde la sede del palacio de gobierno, la cual fue trasmitida a nivel nacional por señal abierta por espacio de una hora, a partir de las 20:00 horas (01:00 GMT).

Kuczynski inició la conversación pidiendo disculpas al pueblo peruano por no haber explicado su posición con claridad, pues se le incrimina de algunos asuntos ocurridos hace más de 10 años, y por eso tuvo que hacer en los últimos días una investigación "arqueológica" entre sus documentos personales para aclarar la situación.

Precisó que si bien es único dueño de la empresa Westfield Capital, con sede en la ciudad estadounidense de Miami, todos sus ingresos están debidamente registrados y bancarizados tanto en EEUU como en Perú, y nunca fue cuestionado por ello.

Anotó que cuando asumió los cargos ministeriales no participó, tomó, aprobó o firmó decisiones o contratos con empresas privadas, precisando en el caso que se le acusa que nunca prestó servicios a la constructora brasileña Odebrecht.

Al respecto, el dignatario dijo que Westfield, creada en 1992, es una empresa dedicada a consultorías y de servicios financieros que goza de gran prestigio; y recalcó que cuando se desempeñó como funcionario público, quedó como gestor de la misma el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda, quien sí hizo contratos a nombre de Westfield con Odebrecht.

"El gestor es el que maneja las cosas. Yo no firmé los contratos de los que se habla, eso lo firma el gestor. Yo no he firmado un solo contrato, no he gestionado con el Estado (peruano) un solo contrato", respondió.

El pasado miércoles 13 de diciembre, legisladores de la Comisión Lava Jato en el Congreso, en el que está incurso el caso Odebrecht, sacaron a la luz pública un documento proporcionado por el representante de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, en que se demostraría que la firma brasileña habría pagado por concepto de asesoría la suma de 782 mil dólares, entre los años 2004 y 2007, a Westfield.

Luego, el pasado viernes 15 de diciembre, el Area de Comunicaciones de la misma empresa, en una carta aclaratoria al diario peruano La República, señalaba que los tratos que hizo con Westfield fueron exclusivamente con Sepúlveda, eran legales y estaban debidamente registrados.

Sin embargo, Kuczynski reconoció que la intervención asesora de Sepúlveda a Odebrecht le generó dividendos para él como propietario de Westfield, aunque siempre destacando que él no supo de los contratos.

Sobre la admisión de la moción del orden del día, aprobada por el Congreso el pasado viernes, en que se solicita la vacancia (destitución) presidencial por "incapacidad moral", firmada por 93 de los 110 legisladores presentes en el hemiciclo, Kuczynski la calificó como "un ataque al orden constitucional, tratando de hacer una vacancia express".

Casi al finalizar la conferencia de prensa, Kuczynski señaló que "aquí (por lo que se le acusa) son contratos que no he firmado, son totalmente legales y no ha habido 'coima (corrupción)'; la consecuencia (del pedido de vacancia presidencial) es terrible para la economía, pues genera problemas; nunca he cogido ni un clip ni un dinero del Estado; tenemos que preservar la democracia; y, (en mi caso) no hay un proceso (penal), no hay una acusación formal".

El presidente Kuczynski deberá presentarse el jueves 21 de diciembre, a las 09:00 hora local (14:00 GMT) ante el pleno del Congreso, solo o acompañado de un abogado, para levantar las impugnaciones que se le hacen.

La empresa Odebrecht, justamente el 21 de diciembre de 2016, reconoció ante la justicia estadounidense que había hecho pagos ilícitos, mediante cuentas especiales, por 800 millones de dólares en países latinoamericanos y de Africa, para hacerse cargo de proyectos de infraestructura de gran envergadura; de esa cifra, 29 millones de dólares en Perú, entre los años 2005 y 2014.  

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