BUENOS AIRES, 14 may (Xinhua) -- El juez federal de Argentina Julián Ercolini inició hoy lunes proceso formal contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por los presuntos delitos de "lavado de activos" y "asociación ilícita", informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El CIJ, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para la difusión de noticias del ámbito jurídico, indicó que el magistrado fijó a Fernández (65) un embargo sobre sus bienes por 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), medida que también alcanza a Máximo (41) y Florencia Kirchner (28).
Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires, investiga a Fernández y a sus dos hijos por contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de empresarios beneficiados de contratos para realizar obras públicas.
En la decisión del magistrado, de 439 páginas, también se dispuso el procesamiento del empresario Lázaro Báez, detenido desde 2016 por otra investigación; el hijo de éste, Martín Báez, y de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, entre otros.
Sobre ellos también pesa un embargo de 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares).
El juez investiga, en la denominada causa "Hotesur", una maniobra de lavado de activos proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.
Según los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través del alquiler ficticio de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.
La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.
Fernández negó los hechos al ser indagada por el juez Ercolini en noviembre de 2017 y ha denunciado que su situación judicial obedece a una "persecución política" dispuesta por el actual gobierno argentino.