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Justicia ecuatoriana declara extinta pena para procesados que participaron en revuelta 2010

QUITO, 4 jun (Xinhua) -- La justicia ecuatoriana declaró hoy lunes la extinción de la pena de un año de prisión que se había impuesto a 51 miembros de la Fuerza Aérea y a 13 policías procesados por participar en una revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, informó la prensa local.

La decisión fue adoptada por los jueces de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tras emitir su dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa de los procesados para dejar sin efecto la sentencia impuesta en 2014.

Los militares y policías procesados fueron acusados de la paralización de actividades en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, durante la revuelta policial al haberse tomado la pista de la base aérea.

La medida fue en respaldo a policías que se sublevaron en el Regimiento Quito número 1, en rechazo a una Ley de Servicio Público promovida por el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Durante la audiencia de casación, unos 16 abogados de los procesados expusieron sus argumentos, luego de lo cual el tribunal por unanimidad declaró la prescripción del delito de paralización de los servicios públicos por el que habían sido condenados.

La revuelta, conocida como 30-S, fue interpretada por el gobierno de Correa, como un intento de golpe de Estado.

El suceso dejó cinco muertos (un civil, dos policías y dos militares) y 274 heridos tras una larga jornada de violentas protestas protagonizadas por policías sublevados, según datos oficiales.

La revuelta puso en riesgo la vida del expresidente Correa, quien fue agredido por un grupo de uniformados en el cuartel donde se originó la protesta.

Correa acudió al lugar para explicar los alcances de la Ley, pero su presencia generó rechazo lo que le llevó a refugiarse en un hospital de la Policía cercano.

Ahí estuvo retenido por más de nueve horas y luego fue rescatado por un comando militar en medio de una intensa balacera. Por la revuelta policial la justicia local ha abierto varios procesos judiciales para sancionar a los responsables.