LIMA, 21 oct (Xinhua) -- El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictó este domingo 36 meses de prisión preventiva para el ex juez Cesar Hinostroza, quien se encuentra detenido en España tras haberse fugado a ese país en días pasados.
El Juzgado, que respondió así a la solicitud de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, consideró que Hinostroza incumplió con la orden de impedimento de salida del país en contexto de investigaciones en su contra.
El ex magistrado es investigado por presuntamente liderar una organización criminal denominada "Los Cuellos Blancos del Puerto", que involucra jueces, empresarios y congresistas, en delitos de tráfico de influencias y actos de corrupción.
El Congreso, que es de mayoría fujimorista, decidió el pasado 4 de octubre removerlo del cargo e inhabilitarlo por 10 años.
Este domingo, el juez Hugo Núñez Julca, titular del juzgado antes mencionado, cuestionó que Hinostroza se fugó del país para eludir la justicia, luego de que el Legislativo aprobó la denuncia constitucional en su contra.
Por otra parte, aseveró que no existe una alternativa a la prisión preventiva que asegure que cumpla con los fines del proceso penal que pesa sobre él.
Tras considerar que Hinostroza incumplió con la orden de impedimento de salida de Perú, Núñez Julca resolvió "declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva" por 36 contra "el procesado".
César Hinostroza se fugó en días pasados a España, donde fue capturado la madrugada del pasado viernes tras la emisión de alerta roja de la Policía Internacional (Interpol).
El ex funcionario deberá ser extraditado a Perú para su proceso judicial, pero esa extradición podría demorar hasta seis meses ya que primero debe resolverse la solicitud de asilo político que hizo a España, informó ayer sábado el director de comunidades peruanas en el exterior, Enrique Bustamante.
Cesar Hinostroza se halla inmerso en un escándalo que desató una serie de audios divulgados el pasado 8 de julio, los cuales lo comprometen en conversaciones para la compra de sentencias, y el nombramiento ilícito de jueces y fiscales.
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