El Senado de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles, en la fase de "pronunciamiento", juzgar a la suspendida presidenta Dilma Rousseff por el delito de responsabilidad, con lo que el proceso de impeachment ingresa en su fase final, que podrá resultar en la destitución de la mandataria.
Por 59 votos a favor y 21 en contra, los senadores cconsideraron procedente la denuncia contra Rousseff, acusada de irregularidades en el manejo fiscal.
La sesión de "pronunciamiento" iniciada en la mañana del martes fue encabezada, tal como establece la legislación, por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y concluyó a las 1.30 hs (4.30 GMT) del miércoles.
En la penúltima fase del proceso de impeachment, el pleno del Senado analizó el parecer del senador Antonio Anastasia, que acusó a la presidenta de "atentar contra la Constitución" a través de irregularidades en el manejo fiscal.
Con la aprobación del parecer, la defensa de Rousseff tendrá una última oportunidad para presentar sus descargos, tras lo cual el pleno del Senado dará su veredicto final, lo que debe ocurrir hacia la última semana de agosto.
Serán necesarios los votos de dos tercios del total de 81 senadores (54 votos) para la destitución definitiva de la mandataria.
Según el parecer aprobado esta madrugada, Rousseff cometió un "atentado a la Constitución" al practicar el llamado "pedaleo fiscal" (atrasos en los pagos a bancos públicos) y al publicar decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso.
El parecer rebatió la pericia técnica del Senado que consideró que no hubo acto de Rousseff en el "pedaleo fiscal", afirmando que fue "precisamente la omisión de la presidente de la República que permitió el financiamiento de gastos primarios por el Banco do Brasil".
Además, señaló que las irregularidades fiscales están asociadas a la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Rousseff fue apartada provisionalmente del ejercicio de la presidencia el 11 de mayo por 180 días, y en su lugar asumió el vicepresidente Michel Temer.
En caso de que la presidenta sea destituída, Temer completará el mandato hasta fines de 2018 y Rousseff no podrá ejercer la función pública por un período de 8 años.