La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la noche del martes, en cadena nacional de radio y televisión, importantes cambios en el actual sistema de Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) de los trabajadores del país.
Este tema está incluido en su Programa de Gobierno y se le ha dado un carácter de urgente, en respuesta a las críticas por las bajas pensiones que reciben los trabajadores jubilados, en contraste con las enormes ganancias que reciben las AFP, las cuales son privadas.
Este tema tomó relevancia con la masiva marcha de protesta del pasado domingo 24 de julio, que reunió a casi un millón de personas en las principales ciudades del país, que exigían cambiar el sistema de pensiones, en medio de la crisis política que experimenta el país, la cual abarca al gobierno, los partidos y al parlamento.
Bachelet dijo que el nuevo plan de las pensiones sustituiría al actual, el cual fue establecido por el régimen militar de Augusto Pinochet en 1981, que entregó los fondos de la jubilación de los trabajadores del país a las AFP, que se han enriquecido en las últimas décadas, mientras el monto de las jubilaciones se han reducido.
Respondiendo a la demanda por eliminar el sistema de las AFP, explicó que se continuará administrando el fondo de ahorro individual (equivalente a la imposición del 10% del salario de cada trabajador), pero con "importantes cambios regulatorios para asegurar su equidad, su transparencia y su eficiencia".
Según la ley vigente, las AFP invierten los fondos no sólo en Chile, sino también en el extranjero, sin rendir cuenta de manera adecuada a los afiliados a esas empresas, motivando que surjan comentarios de que siempre ganan y cuando pierden, las pérdidas las deben asumir los jubilados.
Por eso, Bachelet dijo que contar con una "jubilación para tener una vida digna y de calidad es un derecho y una responsabilidad compartida", recordando que, "con el actual sistema previsional, muchos jubilados reciben pensiones muy bajas y quedan entregados a su propia suerte".
También recordó que la reforma previsional del año 2008, en su primer gobierno, estableció "el pilar solidario, que hoy ha significado que más de 1 millón 300 mil personas reciban pensiones solidarias de vejez e invalidez".
Al inicio de su segundo gobierno en el 2014, Bachelet convocó a la denominada Comisión Bravo, para estudiar el tema de las AFP y llegó a la conclusión de que es necesario ajustar el sistema de pensiones, proponiendo un conjunto de medidas para mejorarlo.
La mandataria dijo que la idea es "mejorar las pensiones de manera permanente, aumentando su eficiencia y su solidaridad, lo cual es una tarea muy compleja, porque con el futuro de los trabajadores y con el futuro de nuestra economía no se juega, aunque que no habrá "soluciones fáciles".
El propósito es contar con un sistema "mixto y tripartito" al que aporte el trabajador con el 10 %; el del empleador aumentará en 5 puntos porcentuales de cotización en un plazo máximo de 10 años, mientras "el Estado hará su parte, pues es el principal empleador del país".
El aporte estatal irá a "un pilar de ahorro colectivo solidario", el cual será destinado a "aumentar las actuales pensiones" y a "lograr más equidad en las pensiones futuras".
Igualmente, Bachelet anunció el fortalecimiento del actual pilar solidario de vejez e invalidez.
Ante la demanda de eliminar el sistema de las AFP, la mandataria explicó que el sistema elaborado por el criticado ex ministro de Pinochet, José Piñera, continuará administrando el fondo de ahorro individual (equivalente a la imposición del 10% de cada trabajador), pero con ajustes.
Aseguró que "las pérdidas en los fondos de los trabajadores no pueden ser un negocio para nadie", por lo tanto, cuando los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo.
Otro cambio es la incorporación de "representantes elegidos por los cotizantes en la administración de los fondos, de modo que puedan participar en definiciones clave, como las políticas de inversión, la elección de los directores y de las compañías en que se invierten los recursos o las campañas de información".
Sobre las "comisiones ocultas" o "comisiones de intermediación", dijo que "serán modificadas", además de promover "medidas de competencia en el sistema, como las licitaciones de las carteras de afiliados que permitan bajar las comisiones y mejorar los servicios a los cotizantes".
Otro anuncio importante es la creación de una AFP estatal "para que haya más más competencia, que sea una alternativa para los que la quieran y que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional".
También habrá mayor fiscalización de "los otros sistemas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones", dijo la presidenta, y llamó a crear "un gran pacto nacional", que reparta con justicia los beneficios a los jubilados.