BRASILIA, 23 oct (Xinhua) -- La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó hoy martes, por 5 votos a cero, una petición para que la Fiscalía General de la República (PGR) investigue un video publicado en internet con ofensas y amenazas a la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Weber.
En el vídeo, una persona que se identifica como "coronel Carlos Alves" afirma que si el TSE da lugar a una investigación contra el candidato presidencial Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), sufrirá las consecuencias.
"Si aceptan esa denuncia ridícula y derriban a Bolsonaro por crimen electoral, vamos a derribarlos ahí", dice la persona que aparece en la grabación, además de varias expresiones soeces.
La propuesta de investigación fue hecha por el juez Gilmar Mendes y aprobada por todos sus pares de la Segunda Sala del STF.
En el inicio de la sesión, el decano del tribunal, Celso de Mello, pidió la palabra para criticar el vídeo, afirmando que ofendió el honor de la ministra, que tiene "honorabilidad inatacable" con "palabras groseras y bajas".
Según Celso de Mello, algunos ciudadanos abusan de los privilegios de la libertad de expresión, cometiendo en el caso en cuestión un "ultraje inaceptable".
"Optan por manifestar odio visceral y demostrar intolerancia con aquellos que consideran enemigo, tiene incapacidad de convivir con armonía en el seno de sociedad fundada en bases democráticas. Todo ese cuadro inmundo que resulta en el vídeo que mencioné, lejos de traducir libertad de palabras, constituye cuerpo de delito con ofensas", afirmó el juez.
Gilmar Mendes afirmó que el país vive un "momento delicado", y es preciso que haya serenidad.
"Lo que se quiere es crear ambiente de terror y sospechas si los resultados no atienden ciertas expectativas; eso es crimen de lesa patria y lesa democracia", afirmó.
El TSE abrió una investigación sobre la campaña de Bolsonaro a partir de una denuncia publicada por el diario "Folha de Sao Paulo" la semana pasada, según la cual empresarios que apoyan a Bolsonaro costearon servicios de envío de mensajes masivos por la plataforma WhatsApp, lo que está prohibido por la legislación brasileña.