QUITO, 24 oct (Xinhua) -- El canciller de Ecuador, José Valencia, afirmó hoy que el gobierno no ha sido notificado por algún país sobre la concesión de asilo político al ex secretario de Comunicación del anterior gobierno, Fernando Alvarado, procesado por presunto peculado y prófugo de la justicia.
"No hemos recibido ninguna notificación. Me sorprendería que haya una solicitud de asilo político cuando es público y notorio, evidente para todos, que el señor Alvarado rompió las condiciones de su libertad y salió del país aparentemente", dijo Valencia a la televisora local Teleamazonas.
El jefe de la diplomacia ecuatoriana indicó que "hay rumores de donde puede estar (Alvarado en) este momento, circula por las redes sociales, pero no hay ninguna confirmación".
Al ser consultado sobre la posibilidad de que se encuentre en Venezuela, país con el que las relaciones están afectadas por un reciente impasse diplomático, el canciller respondió que no han recibido ninguna notificación.
"En absoluto, no hemos recibido de Venezuela, ni de ningún otro país, una notificación de que están considerando siquiera un asilo político al señor Alvarado", expresó.
Alvarado, quien fue portavoz del gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), dio a conocer el martes desde la clandestinidad que se encuentra asilado en otro país, que no reveló, al encontrarse en estado de "indefensión".
"Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente", señaló Alvarado en un vídeo difundido en la plataforma de Youtube.
El ex funcionario reapareció en el vídeo luego de que el pasado sábado, la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que él se retiró el grillete electrónico de vigilancia que portaba desde agosto pasado como medida cautelar y huyó sin que se conozca su paradero.
Romo dijo entonces que las autoridades no tienen indicios de que Alvarado haya salido del país, quien además de las acusaciones de presunto peculado, enfrenta 11 investigaciones por indicios de responsabilidad penal.
El canciller Valencia agregó que Alvarado no puede considerarse un perseguido político, sino que es "una persona que se encuentra al margen de la ley y que es prófugo de la justicia".
"Había una orden judicial para que use ese grillete y se despojó de ese grillete sin ningún tipo de autorización judicial", indicó el canciller.
Recordó que las convenciones internacionales existentes sobre asilo indican con claridad que la condición no se concede cuando una persona es procesada por un delito común.
"Es el caso del señor Alvarado. El estaba compareciendo (ante la justicia ecuatoriana), estaba a disposición de una jueza por acusaciones que tenía por el uso indebido de fondos públicos", expuso Valencia.
En el vídeo difundido el martes en Youtube, Alvarado señaló que se encuentra en "absoluta indefensión" y que no tiene posibilidades de defenderse, cuando altas autoridades se han anticipado a calificarlo de "ladrón" y "corrupto", por lo que dijo ejercerá su defensa en libertad.
"Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia (...) voy a pelear desde afuera", declaró el ex funcionario prófugo.
Por el caso de Alvarado, el martes presentó su renuncia al cargo el ministro de Justicia, Paul Granda, pero aún no ha sido aceptada por el presidente Lenín Moreno.
El mandatario ecuatoriano anunció el pasado lunes la destitución de al menos 20 funcionarios del sistema penitenciario y de vigilancia encargados del monitoreo del dispositivo de vigilancia que llevaba puesto Alvarado.
En tanto, la Fiscalía inició el martes, a petición del gobierno, investigaciones "a todos los sospechosos" de haber participado en presunta complicidad para que Alvarado se haya despojado del grillete.
La Fiscalía y la Policía Nacional desarrollaron a su vez el martes una operación conjunta que derivó en la incautación de equipos y documentación relacionada al monitoreo del grillete electrónico que llevaba Alvarado.
La operación incluyó el allanamiento de las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y una oficina del Ministerio de Justicia en Quito.