La comisión del Senado responsable del juicio político contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprobó hoy un informe que recomienda la destitución de la mandataria, a quien se acusa de "atentar contra la Constitución" a través de supuestas irregularidades en el manejo fiscal.
El informe elaborado por el ponente Antonio Anastasia, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), recibió 14 votos a favor, cinco en contra y la abstención del presidente de la comisión, Raimundo Lira.
Con la aprobación del informe, el proceso continuará el próximo martes, cuando el documento será puesto a una primera votación en el pleno del Senado.
Para que el proceso avance, el informe deberá ser aprobado por mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, tras lo cual el "impeachment" (juicio político) entrará en su fase final, prevista para finales de este mes.
En las conclusiones del documento aprobado este jueves, el ponente señaló que su voto es "por la procedencia de la acusación y el proseguimiento del proceso".
Según Anastasia, Rousseff cometió un "atentado a la Constitución" al practicar el llamado "pedaleo fiscal" (atrasos en los pagos a bancos públicos) y al publicar decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso.
El informe rebatió la pericia técnica del Senado que consideró que no hubo acto de Rousseff en el "pedaleo fiscal", y afirmó que fue "precisamente la omisión de la presidenta de la República que permitió el financiamiento de gastos primarios por el Banco de Brasil".
El documento señaló que las irregularidades fiscales están asociadas a la profunda crisis económica que atraviesa el país.
"Los artificios y las maniobras fiscales utilizados para la expansión del gasto implicaron pérdida de confianza de los agentes económicos, de los inversores, de las personas físicas, en los números de la economía y en el futuro de la economía, y hoy, pérdida de grado de inversión de Brasil por las principales agencias de clasificación de riesgo", apuntó.
De acuerdo con Anastasia, la comunidad internacional ve a Brasil, por ese motivo, como un país que no cumple las metas fijadas en la ley y "los compromisos con el orden financiero no son tomados en serio en el país".
Rousseff fue apartada del ejercicio de la Presidencia el 12 de mayo por un máximo de 180 días, y en su lugar quedó provisionalmente el vicepresidente, Michel Temer.
En caso de ser destituida, Temer completará el mandato hasta fines de 2018 y Rousseff no podrá ejercer la función pública por un período de ocho años.