CARACAS, 4 ago (Xinhua) -- Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron este jueves la creación de una cédula (de identidad) para regularizar los derechos y deberes de los ciudadanos de ambos países que transiten por la zona limítrofe.
"Vamos en mira a construir una nueva legalidad para que tengamos una frontera segura", afirmó la canciller Delcy Rodríguez, en transmisión de la estatal Venezolana de Televisión, en referencia a la reunión que celebró hoy con su homóloga colombiana María Angela Holguín.
En la ocasión, la diplomática colombiana destacó que se abordaron temas fundamentales para dar el siguiente paso hacia la reapertura de la frontera como la seguridad de los pueblos, el transporte, la salud y la educación.
"Hemos tocado todos los puntos que necesitamos acordar para una apertura segura, que le dé a los ciudadanos la tranquilidad de que será un lugar donde las cosas sean positivas, sin criminalidad ni contrabando en ese sector", dijo Holguín.
La frontera colombo-venezolana se encuentra cerrada desde el 19 de agosto de 2015, luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara un presunto ataque paramilitar a tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región limítrofe.
Desde la fecha, sólo los días 10, 16 y 17 de julio, el gobierno de Venezuela permitió el paso fronterizo de venezolanos hacia Colombia, y según las autoridades colombianas 130.000 ciudadanos cruzaron la frontera en busca de los productos escasos en territorio venezolano.
Tras estas acciones, los gobiernos de ambas naciones han celebrado diversas reuniones para abordar el tema fronterizo, orientados hacia la creación de una frontera segura y de paz.
En este sentido, la canciller venezolana informó que el próximo martes tendrá lugar una reunión entre las fuerzas militares y policiales de ambos países, para definir un plan de seguridad que permita combatir a las bandas paramilitares que operan en la zona.
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros, zona en la que operan grupos vinculados con el contrabando de extracción de gasolina, alimentos y medicina que afecta el desarrollo y la estabilidad de la economía venezolana.
Ambos países solicitaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un trabajo técnico para analizar el tema económico, financiero y comercial en la frontera, considerada una de las más activas del mundo.