Más de 18.000 campesinos de México marcharon este lunes en la capital del país para pedir apoyo al sector rural, uno los más olvidados y marginados, al conmemorar el 137 natalicio del héroe revolucionario Emiliano Zapata.
Diversas organizaciones y agrupaciones del campo del norte y sur del país participaron en la marcha que concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México, con la presencia del secretario (ministro) mexicano de Agricultura, José Eduardo Calzada, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, informó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
"El campo necesita más apoyo en recursos y políticas adecuadas para avanzar", dijo a Xinhua César Hernández, un pequeño agricultor de maíz originario del estado de México (centro).
Durante el acto celebrado en el Zócalo, el dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle, consideró necesario crear "un nuevo pacto rural que tenga como objetivo central la autosuficiencia y la soberanía alimentaria".
"Pedimos la atención y eliminación de las grandes desigualdades, el hambre y la pobreza", añadió ante miles de agremiados y funcionarios federales y locales de la Ciudad de México.
El dirigente campesino solicitó la protección de la propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades, además de buscar mecanismos para la reorientación del gasto público que previlegie la producción de alimentos con presupuesto rural creciente.
Por su parte, el ministro Calzada dijo estar dispuesto a dialogar con las organizaciones campesinas y reiteró su compromiso de "apoyar al campo".
"Los campesinos no han fallado al país, y con respecto a su reclamos el gobierno tendrá respuestas satisfactorias", afirmó en una breve intervención, en tanto que el alcalde Mancera se comprometió a hacer una alianza con el campo para retomar sus demandas.
A la marcha se sumaron miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes mantienen un paro de varias semanas en protesta a la reforma educativa del gobierno federal, por considerar que viola y transgrede sus derechos laborales.