El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia elaboraron las Estipulaciones de la Ejecución Temporal fuera de la Prisión que entró en vigor el 1 de diciembre de 2014. A los reclusos que quedan heridos o discapacitados en el trabajo durante su cumplimiento de la pena en las cárceles y los centros de detención, se les aplica la ejecución temporal fuera de la prisión, y al salir de la cárcel o centro de detención reciben los correspondientes subsidios para el tratamiento médico o por falta de recursos económicos de acuerdo con las estipulaciones estatales. Se aplica también la ejecución temporal fuera de la prisión a los reclusos gravemente enfermos y a las reclusas embarazadas o lactantes, así como a los reclusos incapacitados.
Se intensifica la supervisión de las cárceles y los centros de detención y se asegura que los derechos legítimos de los reclusos no sean violados. Los centros de detención elevan la transparencia de su aplicación de la ley y su apertura a la sociedad. Hasta 2015, en 2.610 centros de detención de todo el país se establecieron mecanismos de queja para los reclusos, y 2.558 centros de detención contrataron a supervisores especiales. Los órganos fiscales supervisan el examen físico realizado por los centros de detención cuando los supuestos criminales y acusados ingresan en esos centros y las actividades de control cuando los reclusos salen temporalmente fuera de esos centros, previenen y evitan que los investigadores que lleven a los supuestos criminales fuera de los centros de detención para un interrogatorio ilegal o sacarles confesiones mediante la tortura. Se intensifica la regulación de los límites de la detención penal y se urge a todos los órganos correspondientes a ordenar aquellos casos que no se han resuelto en un periodo de tiempo largo. En 2013, se descubrió que había 4.459 reclusos detenidos hacía más de tres años cuyos casos todavía no habían concluido, cifra que bajó a seis en 2015.
Se estandariza los trabajos de reducción de la pena, la puesta en libertad condicional y la ejecución temporal fuera de la cárcel y se garantizan los derechos de los condenados a reducciones de la pena. Se profundiza el sistema de apertura de los asuntos carcelarios, se publican según la ley las condiciones legales, los procedimientos y los resultados de la reducción de la pena, la puesta en libertad condicional y la ejecución temporal fuera de la prisión. Los tribunales intensifican la publicación en Internet, la instrucción en la corte y otras medidas, abren las redes de información de los tribunales de todo el país sobre la reducción de la pena, la puesta en libertad condicional y la ejecución temporal fuera de la prisión. Entre 2012 y 2015, los tribunales de distintas instancias dictaminaron en total 2.406.100 casos de la reducción de la pena y 160.100 casos de la puesta en libertad condicional. Las cárceles y los centros de detención cumplen estrictamente las estipulaciones de la ley, y hacen los trámites correspondientes para los reclusos que siguen todavía en los centros de detención y reúnen los requisitos para la reducción de la pena, la puesta en libertad condicional y la ejecución temporal fuera de la prisión. Los órganos fiscales cumplen estrictamente sus funciones supervisoras para garantizar la equidad y la justicia en los cambios de la pena.
Se practica la amnistía estatal para resaltar el espíritu humanitario. El 29 de agosto de 2015, en la XVI Sesión del Comité Permanente de la XII Asamblea Popular Nacional se aprobó la resolución de amnistía especial para con una parte de los criminales que están cumpliendo sus condenas. El presidente chino Xi Jinping firmó la orden de amnistía especial, la cual aplica una amnistía especial a cuatro tipos de reclusos que están cumpliendo sus condenas de los tribunales populares que entraron en vigor antes del 1 de enero de 2015 y que no suponen un peligro para la sociedad. Esta es la octava amnistía especial después de la fundación de la Nueva China, y la primera después de aplicada la política de reforma y apertura. Esta es una nueva práctica del sistema de amnistía especial estipulado por la Constitución y reviste importante significado político y jurídico. Conforme al juicio hecho por los tribunales populares según la ley, 31.527 reclusos se beneficiaron de la amnistía especial. Aquellos que han recibido la amnistía y no tienen un trabajo o capacidad laboral, ni una fuente de ingresos o algún sustentador legal son incluidos en el sistema de garantía de vida mínima, y se les ayuda a integrarse rápida-mente en la sociedad.
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