Texto íntegro: Nuevo avance de la garantía de los derechos humanos en el ámbito judicial (7)

Actualizado a las 12/09/2016 - 17:27

Palabras clave：

Se perfecciona el procedimiento de pleito de los casos que afectan a menores de edad y se promueve su reinserción en la sociedad. El Código de Procedimiento Penal, revisado en 2012, agregó el capítulo sobre los procedimientos en los casos penales de los menores de edad a los procedimientos especiales, el cual estipula aplicar los principios de educar, disuadir y recuperar a los delincuentes menores de edad, persistir en la educación como lo principal y el castigo como lo secundario, y que los jueces, los fiscales y los investigadores, familiarizados con las características físicas y psicológicas de los menores de edad tramiten sus casos penales. El Ministerio de Seguridad Pública modificó las Estipulaciones sobre los Procedimientos de los Casos Penales para los Órganos de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema revisó las Estipulaciones acerca del Trámite de los Casos Penales de Menores de Edad para las Fiscalías Populares, el Tribunal Popular Supremo publicó explicaciones judiciales sobre la aplicación del Código de Procedimiento Penal. Todos estos documentos legales han detallado aún más el sistema de protección especial de los menores de edad envueltos en la delincuencia. Los órganos de seguridad pública de distintas instancias tienen habilitados departamentos y personal especializados, que tramitan los casos de delincuencia de los menores de edad según las exigencias especiales. La Fiscalía Popular Suprema instituyó en 2015 la oficina fiscal independiente para los menores de edad. Hasta marzo de 2016, en todo el país, 12 fiscalías provinciales, 123 fiscalías municipales y 893 fiscalías de base cuentan con órganos fiscales independientes para los menores de edad. Con paso firme, los tribunales populares impulsan la instauración de las cortes de menores de edad. Hasta 2015, en todo el país había 2.253 cortes de menores de edad donde trabajaban 7.200 jueces.

En el trámite de los casos penales de los menores de edad, los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares ponen en rigurosa práctica las exigencias laborales como determinar la edad, asignar la defensa, y ejercer la precaución a la hora de tomar medidas de detención, y avisan a los representantes legales y adultos adecuados para que se presenten; investigan sobre las condiciones de familia y escuela, las causas de la delincuencia y la educación y la tutela de los supuestos delincuentes y acusados menores de edad y toman los resultados como referencia para el trámite de los casos; no instruyen públicamente los casos de los acusados menores de 18 años de edad; guardan bajo sello los registros penales de los delincuentes menores de 18 años en el momento del delito y que son condenados a un periodo de prisión inferior a cinco años; y despliegan activamente el trabajo de ayuda, educación y transformación de los menores de edad envueltos en la delincuencia o con mal comportamiento. Desde 2002, la tasa de reincidencia de los menores de edad oscila alrededor del 2%, el número de los casos penales de menores de edad tiende a bajar, la proporción de estos casos en el total se reduce gradualmente hasta el 3,56% en 2015.

Se sanea el sistema de los pleitos civiles e intensifica la protección de los intereses públicos de la sociedad. El Código de Procedimiento Civil, modificado en 2012, establece el sistema de pleitos de interés público. Los órganos y organizaciones autorizados por la ley pueden presentar demandas según la ley ante los tribunales populares por las acciones que perjudican los intereses públicos de la sociedad, tales como la contaminación del medio ambiente y la violación de los derechos e intereses legítimos de numerosos consumidores. En 2015, el Tribunal Popular Supremo publicó explicaciones judiciales, haciendo estipulaciones concretas sobre los sujetos de la demanda, los tribunales competentes y los procedimientos de los pleitos civiles de interés público sobre el medio ambiente. En 2015, la Fiscalía Popular Suprema, autorizada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, realizó el trabajo piloto de los pleitos de interés público para la protección ecológica y de recursos, la protección de los activos estatales, la cesión de los derechos de uso de las tierras estatales y la seguridad alimentaria y farmacéutica. Las fiscalías participantes en el experimento activaron el procedimiento previo al pleito para con 325 casos, presentando propuestas fiscales, y tramitaron 224 casos en los que instaron a los órganos administrativos pertinentes a cumplir sus deberes o corregir la violación de la ley, y seis casos de demandas de interés público presentados por las correspondientes organizaciones sociales. Los órganos fiscales presentaron 12 demandas de interés público porque o bien se seguían incumpliendo los deberes, o bien ninguna organización social presentaba alguna demanda de interés público, y los intereses públicos seguían siendo violados.

Se elabora la ley contra la violencia familiar y se refuerza la protección legal de los derechos personales de las víctimas. El revisado Código de Procedimiento Civil hace estipulaciones sobre las reglas de conducta, proporcionando fundamentos legales para fallos de la protección personal. En diciembre de 2015, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó la Ley contra la Violencia Familiar. Según esta ley, a los responsables de la violencia familiar, se les entrega la carta de advertencia, se les somete a castigos administrativos o se les exigen responsabilidades penales según la gravedad de sus casos. Se establece por primera vez el sistema de orden de protección de la seguridad personal, garantizando efectivamente los derechos e intereses legítimos de las víctimas de la violencia familiar, en especial los menores de edad, los ancianos, los discapacitados, las mujeres embarazadas y las madres lactantes. El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia publicaron la Opinión acerca de Tramitar según la Ley los Casos de Delito de Violencia Familiar, reforzando la intervención judicial oportuna en los casos de violencia familiar. En 2014 y 2015, el Tribunal Popular Supremo publicó 15 casos típicos de violencia familiar, ofreciendo orientación judicial para mejorar la garantía de los derechos e intereses legítimos de las mujeres, los menores de edad y los ancianos. El tribunal popular del distrito de Yuexiu, en el municipio de Guangzhou, aceptó una solicitud de la protección de la seguridad personal presentada por una mujer con apellido de Lin y emitió la orden de protección de la seguridad personal, que prohibió a Xu, su marido, interferir en la vida normal de Lin y sus familiares mediante el acoso, el seguimiento y otros medios y le aplicó una orden de alejamiento de 200 metros de la zona residencial de Lin, garantizando efectivamente la seguridad personal de la solicitante.

Se reforma el sistema de pleitos administrativos y se garantizan los derechos e intereses legítimos de las contrapartes de la administración. El Código de Procedimiento Administrativo, revisado en 2014, hace un gran esfuerzo por resolver los problemas existentes en la práctica tales como "las dificultades en la apertura, la instrucción y la ejecución de los casos". Este documento legal estipula en términos inequívocos que los tribunales populares aceptan los casos administrativos y que los órganos administrativos no pueden intervenir en ellos ni impedirlos. En la instrucción de los casos administrativos, los tribunales populares tienen derecho a examinar los documentos reglamentarios elaborados por los departamentos del Consejo de Estado y por los gobiernos populares locales, así como sus departamentos subordinados. Los documentos reglamentarios que son identificados como ilegales después de los exámenes no sirven como fundamento para probar la legalidad de los actos administrativos. En tal caso, se deben presentar propuestas a los órganos que los han elaborado. Además, establece en términos claros que en el caso de que los órganos de revisión decidan mantener los actos administrativos originales, los órganos de revisión y los órganos autores de los actos administrativos originales son coacusados. Estipula además que los responsables de los órganos administrativos deben comparecer ante el tribunal. Se perfeccionan las medidas para urgir a los órganos administrativos a cumplir los veredictos en vigor. En caso de que los órganos administrativos se nieguen a cumplir las sentencias, los fallos y las cartas de mediación, los tribunales populares pueden adoptar según la ley medidas como la multa o el arresto para los responsables de los órganos administrativos y otras personas con responsabilidad directa.

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