Texto íntegro: Nuevo avance de la garantía de los derechos humanos en el ámbito judicial (6)

Actualizado a las 12/09/2016 - 17:27

Palabras clave：

Se aplica el principio de declarar la inocencia en los casos dudosos y previenen y corrigen activamente las sentencias injustas, falsas y erróneas. En 2013, el Ministerio de Seguridad Pública promulgó la Circular acerca de Reforzar y Mejorar la Investigación Penal en la Aplicación de la Ley para Prevenir Efectivamente Sentencias Injustas, Falsas y Erróneas y otros documentos, profundizando la elaboración de los mecanismos y sistemas de prevención de sentencias erróneas, reforzando la supervisión de las actividades de investigación de manera omnidireccional, de todo el proceso y en tiempo real y evitando desde el origen sentencias injustas, falsas y erróneas. El Ministerio de Justicia elaboró la Opinión acerca de Desplegar el Papel del Sistema de Identificación Judicial para Evitar Sentencias Injustas, Falsas y Erróneas, documento que intensifica la administración de la identificación judicial y normaliza estas actividades. La Fiscalía Popular Suprema promulgó varias Opiniones sobre Cumplir Efectivamente las Atribuciones Fiscales para Prevenir y Corregir Sentencias Injustas, Falsas y Erróneas, exigiendo controlar estrictamente en la determinación de los hechos, el cumplimiento de los procedimientos y la aplicación de las leyes, sanear los mecanismos para descubrir, corregir y prevenir sentencias erróneas, y exigir responsabilidad en los órganos fiscales. En 2015, los órganos fiscales de diversas instancias, para con los casos que no constituían crímenes o carecían de evidencias, decidieron no autorizar la detención de 131.675 personas y no demandar a 25.778 personas; formularon 6.591 protestas contra las sentencias penales erróneas. El Tribunal Popular Supremo promulgó la Opinión acerca de Establecer y Perfeccionar los Mecanismos Laborales de Prevención de Sentencias Penales Injustas, Falsas y Erróneas, estipulando que en los casos con pruebas insuficientes se debe declarar inocentes a los acusados según la ley, para garantizar que las personas inocentes estén libres de persecución penal. Entre 2012 y 2015, los tribunales de distintas instancias declararon según la ley inocentes a 3.369 acusados. Los casos de Zhang Hui, Zhang Gaoping, Hugjiltu, Xu Hui, Huang Jiaguang, Wang Benyu, Yu Yingsheng, Chen Man, Qian Renfeng, Xu Jinlong y Yang Ming, entre otras sentencias injustas, falsas y erróneas fueron revocados según la ley.

Se pone en marcha el experimento del procedimiento de juicio rápido en los casos penales y se garantiza un juicio rápido para los acusados. En junio de 2014, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) aprobó la Resolución acerca de Autorizar al Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema a Desarrollar el Trabajo Piloto sobre el Procedimiento de Juicio Rápido en los Casos Penales en Algunas Regiones. En agosto de 2014, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emprendieron el trabajo piloto del procedimiento de juicio rápido en los casos penales en Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing y otras 14 ciudades. Ateniéndose a los principios fundamentales del Código de Procedimiento Penal, y basándose en las condiciones previas de garantizar plenamente los derechos de los interesados al pleito, se simplifica el correspondiente procedimiento de pleito en los casos menos graves de conducción peligrosa, accidentes de tráfico, robos, estafas, asaltos, agresiones y altercados que se pueden condenar a prisión, detención y control por un periodo menor a un año o a multa individual según la ley. En estos casos mencionados los hechos deben ser bien clarificados y las pruebas bien sólidas; los acusados quieren reconocer sus delitos y entre los interesados no existe disputa alguna sobre la aplicación de la ley. Hasta 2015, en 212 tribunales populares de base que desarrollan este trabajo piloto, se concluyeron 31.086 casos penales mediante este procedimiento de juicio rápido, que representaron un 33,13% de los casos penales condenados a prisión menor a un año y un 15,48% de todos los casos penales condenados por estos tribunales en el mismo periodo de tiempo. Entre ellos, el 92,77% se concluyó dentro de diez días, y el 95,94% se cerraron en la misma corte; la tasa de apelación de los demandantes de las acciones civiles incidentales fue del 0%, y la de los demandados fue del 2,13%.

Se estandarizan las medidas coercitivas y se reduce la aplicación de medidas coercitivas de detención. El Código de Procedimiento Penal ha perfeccionado las medidas coercitivas de detención, detallado las condiciones de detención, aclarado las normas concretas del peligro social que pueden ser condiciones de detención, reducido la aplicación de las medidas coercitivas de detención, normalizado aún más la aplicación de las medidas coercitivas penales y hecho más efectiva la protección del derecho a la libertad personal de los ciudadanos. En 2014, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron un documento en el que aclararon quién será notificado cuando haya cambios del lugar y del tiempo de prisión, el procedimiento del cambio de prisión, el procedimiento de aviso y la forma de entrega, etc., previniendo y corrigiendo la prisión prolongada. Los órganos fiscales ejecutan rigurosamente las condiciones de detención y el procedimiento de examen de la detención establecidos por la ley, insisten en arrestar a pocos y con cautela. En 2015, los órganos fiscales de distintas instancias decidieron no arrestar a 90.086 personas supuestamente involucradas en delitos, pero no peligrosas para la sociedad, y no acusar a 50.787 personas involucradas en delitos menos graves, para quienes no es necesaria la condena penal según la ley. Se implanta el sistema de evaluación de la necesidad de prisión de las personas encarceladas. Cuando los supuestos criminales y los acusados son arrestados, las fiscalías populares deben evaluar de nuevo la necesidad de su prisión. En caso de descubrir que no es necesario mantenerlos en prisión, deben proponer a los órganos judiciales concernientes ponerlos en libertad o cambiar las medidas coercitivas. En 2015, los órganos fiscales de todo el país propusieron poner en libertad o cambiar las medidas coercitivas de 29.211 supuestos criminales que no requerían entrar en prisión.

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