Texto íntegro: Nuevo avance de la garantía de los derechos humanos en el ámbito judicial (5)

Actualizado a las 12/09/2016 - 17:27

Palabras clave：

II Perfeccionar el procedimiento de garantía legal de los derechos humanos

Se reforma el sistema de aceptación de los casos en los tribunales, para que se transforme desde el sistema de evaluación de la apertura de los casos hasta el de registro de la apertura de los casos; se modifica el Código de Procedimiento Penal y se cumplen los principios legales de establecer la criminalidad según la ley, declarar la inocencia en los casos dudosos y excluir las pruebas ilegales; se modifica el Código de Procedimiento Civil para promover la resolución eficaz de las disputas; se modifica el Código de Procedimiento Administrativo para intensificar la protección de los derechos e intereses legítimos de las contrapartes de la administración; se elabora y pone en vigor la primera Ley contra la Violencia Familiar, para intensificar la garantía legal de los derechos físicos de las víctimas de violencia familiar.

Los tribunales populares cambian el sistema de evaluación de la apertura de los casos por el de registro de la apertura y se garantizan mejor los derechos de los interesados en el pleito. El 1 de mayo de 2015 se puso en marcha el sistema de registro de la apertura de los casos en los tribunales populares. Los tribunales populares deben aceptar sin excepción todas las demandas presentadas por los interesados para su debido registro, y si estos casos satisfacen las condiciones para la demanda y la aceptación estipuladas por la ley, serán aceptados y abiertos. Se asegura que se abran los casos, se procesen todas las demandas y los interesados puedan ejercer sus derechos a la demanda "sin ningún obstáculo" según la ley. Entre mayo y diciembre de 2015, los tribunales a distintas instancias registraron, abrieron e instruyeron en primera instancia 9.944.000 casos, con un aumento del 29,54%en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tasa de registro in situ fue del 95%, del cual los casos civiles aumentaron en un 26,45%, los administrativos en un 66,51%, y los casos criminales auto incriminatorios en un 58,66%. Se resolvieron efectivamente los problemas de "difícil apertura" en los casos administrativos como la demolición de casas, la expropiación de tierras y la publicación de las informaciones gubernamentales.

Se establece el sistema de exclusión de pruebas ilegales y se garantizan los derechos legítimos de los supuestos criminales. El Código de Procedimiento Penal, revisado en 2012, establece en términos claros que se deben respetar y garantizar los derechos humanos y hacer realidad estas estipulaciones mediante el perfeccionamiento del sistema de pruebas, las medidas coercitivas, el sistema de defensa, las medidas de investigación, el procedimiento de juicio y el procedimiento de aplicación, así como procedimientos especialmente agregados. En el Código de Procedimiento Penal se estipula en términos claros que los órganos que tramitan los casos deben mandar a los detenidos y arrestados a los centros de detención inmediatamente después de detenerlos o arrestarlos, y establecen el sistema de grabación en audio y video de todo el proceso del interrogatorio de los supuestos criminales o acusados. En 2014, el Ministerio de Seguridad Pública publicó un documento que aclaraba las estipulaciones sobre los casos cuyo interrogatorio se debe grabar en audio y video en todo su proceso, así como las exigencias para la grabación. En la mayoría de las salas de interrogatorio de las áreas laborales de los órganos de seguridad pública y de los centros de detención se han instalado equipos de grabación en audio y video. La grabación en audio y video del interrogatorio de los supuestos criminales previene eficazmente las anormalidades en la aplicación de la ley, tales como sacar confesiones mediante torturas y conseguir evidencias a través de medidas ilegales. Las Estipulaciones sobre la Grabación en Audio y Video de Todo el Proceso del Interrogatorio de los Supuestos Criminales Funcionales en las Fiscalías Populares, promulgadas por la Fiscalía Popular Suprema, estandarizaron aún más las actividades de investigación e interrogatorio y reforzaron la garantía de los derechos legítimos de los supuestos criminales. El Código de Procedimiento Penal establece en términos claros la definición de las pruebas ilegales y los procedimientos concretos para excluirlas. Los órganos judiciales deben excluir todas las pruebas ilegales descubiertas en las fases de investigación, interrogatorio y juicio. En 2015, los órganos fiscales de distintas instancias urgieron retirar 10.384 casos abiertos por los órganos de investigación que estos últimos no habían debido abrir; supervisaron y corrigieron 31.874 casos de abuso de medidas coercitivas, obtención de evidencias de manera ilegal y otras irregularidades en las actividades de investigación. En 2014, la fiscalía del distrito de Shunping, en la provincia de Hebei, excluyó resueltamente las pruebas ilegales en la revisión de un caso de homicidio, tomó la decisión de no autorizar la detención y formuló la opinión de que era necesario de hacer más sólida la investigación. Finalmente los órganos de seguridad pública lograron detener al verdadero asesino.

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