Texto íntegro: Nuevo avance de la garantía de los derechos humanos en el ámbito judicial (9)

Actualizado a las 12/09/2016 - 17:27

Palabras clave：

Se castigan conforme a la ley los actos delictivos de agresión a menores de edad y se refuerza la garantía de los derechos de los menores de edad. En 2013, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia promulgaron la Opinión acerca de Sancionar los Actos Delictivos de Agresión Sexual a Menores de Edad, destacando la protección de los derechos e intereses de las víctimas menores de edad y el castigo severo según la ley de los autores criminales de la agresión sexual. En octubre de 2014, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Interior promulgaron juntos la Opinión acerca de Sancionar según la Ley la Violación de los Derechos e Intereses de los Menores de Edad por Parte de los Tutores, estipulando revocar según la ley la condición de tutor a los padres u otros tutores autores de la agresión sexual, la violencia, el maltrato y el abandono de los menores de edad. La moción de modificación IX abolió el delito de relaciones sexuales con las prostitutas menores de edad, y le aplica las estipulaciones del Código Penal sobre la violación de las menores de edad que castiga severamente como delito de violación; estipula que los responsables de la tutela y custodia de los menores de edad y los ancianos son condenados a prisión menor de tres años o a arresto en casos graves si maltratan a los tutelados y custodiados. Entre 2013 y 2015, los tribunales populares de distintas instancias instruyeron y concluyeron 7.610 casos de abuso infantil, y condenaron a 6.620 personas; e instruyeron y concluyeron 224 casos penales de maltrato. En 2015, el tribunal popular del barrio de Tongshan, Xuzhou, instruyó y concluyó el primer caso de retirar la patria potestad a los padres de un menor. Los órganos de seguridad pública reforzaron la seguridad del recinto escolar y sus alrededores, defendiendo eficazmente la seguridad escolar. En todo el país se han instalado 170.000 salas de policía y quioscos de seguridad alrededor de las escuelas y 260.000 puestos para la "protección a estudiantes" . Las patrullas diarias llegan a las 300.000 personas/veces. En los recintos escolares de los diversos lugares sirven 700.000 miembros de seguridad con más de 1.200.000 equipos de protección y se han instalado 680.000 aparatos de prevención tecnológica.

Se controla estrictamente y se actúa con cautela en la aplicación de la pena capital asegurándose que sólo se aplique a una minoría absoluta de actos delictivos extremadamente graves. Después de que la moción de modificación VIII del Código Penal revocara en 2011 la aplicación de la pena capital a 13 crímenes económicos no violentos, la moción de modificación IX del Código Penal redujo, en 2015, aún más la aplicación de la pena capital, revocándola para nueve delitos, a saber, el contrabando de armas y municiones, el contrabando de materiales nucleares, el contrabando de monedas falsificadas, la falsificación de moneda, el fraude mediante la recaudación de fondos, la organización de la prostitución, la obligación a la prostitución, el impedimento de los deberes bélicos y la difusión de rumores de guerra, y elevó los requisitos para ejecutar la condena a muerte de los condenados a la suspensión de la ejecución de la pena de muerte. En los casos de la pena capital se garantiza plenamente el derecho del acusado a la defensa y otros derechos e intereses legítimos, se practica la instrucción abierta en todos los casos de pena capital de la segunda instancia. El Tribunal Popular Supremo presta suma atención en el interrogatorio de los acusados y las opiniones de los abogados defensores en la revisión de los casos de pena capital.

Se instruyen conforme a la ley los casos civiles y comerciales y garantizan los derechos del pueblo a la subsistencia. Entre 2012 y 2015, los tribunales de distintas instancias instruyeron y concluyeron 32.302.400 casos civiles y comerciales, entre ellos 90.100 casos de disputa sobre contratos de contrata rurales, 10.000 casos de disputa sobre locales de vivienda, y 6.611.600 casos sobre el matrimonio, la familia, la manutención y la herencia. Se resuelven de manera adecuada los casos estrechamente relacionados con la producción y la vida del pueblo, tales como la lesión física, el trabajo y empleo, la educación, el tratamiento médico y la vivienda, para garantizar según la ley la vida del pueblo. Entre 2012 y 2015, los tribunales populares a distintas instancias instruyeron y concluyeron 2.334.300 casos relativos a la vida del pueblo.

Se instruyen según la ley los casos relativos al medio ambiente y los recursos y se protegen los derechos e intereses de los ciudadanos. En junio de 2014, el Tribunal Popular Supremo instituyó la Corte del Medio Ambiente y los Recursos. Hasta 2015, en 456 tribunales de 24 provincias (regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central) de todo el país funcionan las cortes, cortes colegiadas y cortes itinerantes del medio ambiente y los recursos. Entre 2012 y 2015, los tribunales a distintas instancias instruyeron y concluyeron 495.500 casos relativos a los recursos y al medio ambiente. Entre 2013 y 2015, el Tribunal Popular Supremo publicó en total en cuatro ocasiones 33 casos típicos relativos al medio ambiente y los recursos con el fin de garantizar la aplicación de la ley integral, correcta y unificada y promover el tratamiento judicial del medio ecológico.

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